El juez Richard Concepción Carhuancho realizó este jueves una audiencia sobre los presuntos aportes fantasma a la campaña política de Keiko Fujimori, en la que se presentó al testigo protegido Segundo Crisanto Pulanche, quien volvió a negar que haya aportado a la candidatura presidencial en el 2011 de ese movimiento.
El testigo ratificó que no hizo aportes a Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, como se registra en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Incluso confirmó que el congresista Rolando Reátegui le pidió que firme un documento en blanco y que adjunte una copia de su DNI, para que figure como aportante.
Crisanto Pulanche contó que una vez iniciada la investigación fiscal por este caso, representantes del partido Fuerza Popular le ofrecieron dinero para que declare que sí hizo aportes a la campaña electoral. El propio fiscal José Domingo Pérez lo interrogó y mostró la documentación donde supuestamente se acreditaba los pagos, pero el testigo reiteró que no hizo ningún aporte.
El fiscal explicó que se solicitó esta audiencia de adelanto de prueba pues existía el riesgo que el testigo cambie su versión, por lo que se tenía que garantizar el testimonio, el cual se usará más adelante en un juicio oral.
"Hemos manifestado el peligro que tiene este testigo ya que, a través de una medida de interceptación legal de las comunicaciones, (se supo) que se estaba transando un ofrecimiento de dinero para que el testigo varíe su declaración".
La diligencia en mención estuvo a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional , en el marco de investigación seguida contra Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Efraín Goldemberg y otros.
El fiscal Pérez Gómez cuestionó que los abogados de los investigados no hayan asistido a la audiencia, pero como esta era inaplazable, el juez tuvo que asignar una defensa pública para cautelar el derecho de la parte imputada.
"Es desconcertante que, prácticamente toda la defensa, no haya asistido a la audiencia y que el juez se ha visto en la obligación de convocar a la defensa pública para garantizar los derechos de las personas que están siendo investigadas".
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