En abril pasado el fiscal superior Luis Landa ordenó denunciar al exdictador Alberto Fujimori, y sus exministros Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga, así como al ex director del Programa Nacional de Planificación Familiar, Jorge Parra Vergara; y el ex asesor del sector, Ulises Jorge Aguilar como autores mediatos en los casos de esterilizaciones forzadas.
Una decisión que respondía al archivamiento parcial de los casos de Mamérita Mestanza, Celia Ramos y otras tres víctimas, tal y como en su momento informó el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) Asimismo, Landa ordenó denunciarlos como co-autores por lesiones graves en contexto de violaciones a los derechos humanos en agravio de Victoria Vigo, Inés Condori y 2164 mujeres más que figuran en la denuncia fiscal.
Sin embargo, más de dos meses después, la fiscal Marcelita Gutiérrez no cumple con lo ordenado y las víctimas de estos actos atroces aún se encuentran exigiendo justicia como desde hace 15 años, cuando valientemente hicieron la denuncia ante el Ministerio Público.
La Coordinadora Nacional de Deerechos Humanos, publicó esta semana un video en que las propias víctimas explican el caso y piden, una vez más, que la denuncia sea realizada.
"¿Sabías que este 26 de abril el Fiscal Superior ordenó a la Fiscal Marcelita Gutiérrez que cumpla con denunciar ante el Poder Judicial al investigado Alberto Fujimori y otras 6 personas por el caso de Esterilizaciones Forzadas? Han pasado más de 95 días y aún la fiscal NO denuncia. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que este crimen cometido contra miles de mujeres llegue al Poder Judicial?"
"Con esta resolución, el Fiscal Landa marca un hito en la lucha contra la impunidad al destacar que la política nacional de esterilizaciones forzadas en agravio de miles de mujeres quechuahablantes, campesinas, indígenas y nativas en extrema pobreza, perpetró graves violaciones a los derechos humanos. Sin duda, esta decisión es un primer paso hacia el cumplimiento de la obligación internacional del Estado de individualización y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos bajo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, en el marco del Acuerdo de Solución Amistosa suscrita por el Estado de Perú y la representación de las víctimas sobrevivientes en el caso de Mamérita Mestanza (2003)", consideró en su momento el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS).
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