Mientras la fujimorista Rosa Bartra culpa al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de que Fuerza Popular haya llevado a tantos legisladores cuestionados por graves delitos al Congreso, sin una pizca de mea culpa, otro de sus colegas de bancada ha sido denunciado. Se trata de Glider Ushñahua Huasanga, acusado de desfalco en Ucayali.
El decano del Colegio de Abogados de Ucayali (CAU), Joel Santillán Tuesta, ordenó una auditoría y descubrió que durante la gestión de Ushñahua como titular de la institución desaparecieron más de 400 mil soles de los recursos del CAU. Ahora el caso está en manos de la fiscalía.
El peritaje lo realizó el auditor externo Dammert Silva Zamora, quien descubrió pagos, préstamos personales y transferencias sin justificar por 401.375 soles en la CAU, cuando Ushñahua ejercía como decano regional, hasta que renunció al cargo para postular al Congreso por Fuerza Popular.
Por ello, la Junta Directiva del CAU denunció al hoy congresista fujimorista ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ucayali, a cargo de la fiscal Mirtha Chang Ríos, por los delitos de apropiación ilícita y administración fraudulenta.
Ushñahua alegó que las imputaciones en su contra carecían de sustento y que todos los préstamos que hizo a su nombre fueron devueltos a la cuenta corriente del Colegio de Abogados de Ucayali.
"Soy enérgico en rechazar esta falsa acusación formulada por el contador público Dammert Silva ante la asamblea general (del CAU) en tres hojas sueltas. Una asamblea a la que concurrieron pocos asistentes", dijo el legislador citado por La República.
Pero el CAU sostiene lo contrario, al punto de que en paralelo a la denuncia penal, se evalúa plantear una denuncia civil para recuperar parte del dinero que Ushñahua dice que devolvió. El caso también lo está viendo el Comité de Disciplina del CAU para que determine las sanciones contra el fujimorista, entre ellas, la suspensión o su eventual expulsión del gremio.
Reacciones en el Congreso
Los casos de legisladores de Fuerza Popular denunciados o bajo investigación por distintos ilícitos, que ahora se escudan en su inmunidad parlamentaria y encima son blindados por su partido en la Comisión de Ética, que controlan y hasta ahora se niegan a reestructurar, han provocado que desde otras bancadas emplacen al partido de Keiko Fujimori a que tome las acciones y que ponga orden entre sus congresistas.
"Fuerza Popular afecta gravemente a la institución parlamentaria, y lamento que no dé el ejemplo de investigar y sancionar los casos que son graves. Es injusto que se nos mezclen a todos", dijo el parlamentario aprista Javier Velásquez, citado por Perú21.
Su colega de APP Eloy Narváez (APP) sostuvo que cada vez que blinda a alguno de sus congresistas, el fujimorismo le hace un daño al Legislativo. "Si fuera Keiko Fujimori, sancionaría a esa gente y hasta los sacaría para que los reemplacen sus accesitarios. Ellos tienen buenos profesionales, pero no han sido considerados en las elecciones", apuntó.
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