La última ha sido la congresista fujimorista Betty Ananculí, quien es acusada por la Fiscalía del presunto delito contra la administración pública. Se presentó como egresada de la especialidad de Administración de Negocios Internacionales sin serlo. Y ninguno de los profesores que firman sus registros de notas la recuerda, según reveló Cuarto Poder.
Pero Anánculi no es la única en Fuerza Popular que ha mentido en su hoja de vida al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Son siete hasta ahora los legisladores de la bancada que controla el Congreso que están bajo investigación por certificados y títulos falsos. Por ejemplo, está el caso de Esther Saavedra, a quien el JNE le detectó incongruencias en los datos que consignó sobre sus estudios de primaria.
El fujimorista Moisés Mamani —sí, el de los kenjivideos— también mintió sobre sus estudios primarios y secundarios. Pero el caso de Yesenia Ponce es quizá el más escandaloso y mediático. Ella lo niega todo y ha sido blindada por Fuerza Popular reiteradas veces en el Congreso pese a las evidencias, al igual que el resto de sus colegas en aprietos.
Incluso, Anánculi logró paralizar el caso apelando a su inmunidad parlamentaria, luego que el Poder Judicial anuló todo lo actuado a pesar de las pruebas, pero la fiscalía planea presentar un recurso de apelación.
El 'modus operandi' de la citada congresista fujimorista no es nuevo, explica el analista Carlos Monge. "Se presentan con una hoja de vida con información falsa, la entregan a las autoridades electorales, engañan a la opinión pública y cuando ganan, inmediatamente están protegidos por la inmunidad parlamentaria", explicó, citado por La República.
¿Qué hacer? Modificar las normas para que cualquier congresista que presentó información falsa en su hoja de vida sea expulsado del Parlamento, en el acto. De esa forma, explica Monge, las dirigencias o cúpulas de los partidos pondrían más cuidado al momento de seleccionar a quién llevan al Congreso.
Ese es el problema de fondo. Por ejemplo, en Fuerza Popular se privilegió a todas luces los aportes de dinero y la capacidad de atraer votos en la campaña antes que la honestidad de sus candidatos al Congreso."Acá existen organizaciones dirigidas por caudillos que también deciden a quién incorporan en función de los recursos que pueden aportar a la campaña", explicó el también analista David Sulmont.
Ese parece ser el caso de la congresista fujimorista Maritza García, quien renunció de la bancada naranja junto con Kenji y otros 10 legisladores de su bloque. A ella la Universidad Nacional de Piura le quitó el título de abogada y los grados de bachiller y magíster porque los certificados de estudios escolares que presentó eran falsos.
A García la invitó a postular la coordinadora regional de Fuerza Popular en Piura y en Lima supuestamente evaluaron. "Me citaron para preguntarme por mi bolsón electoral. Me preguntaron si era conocida, dónde creía que podría obtener votos. Dije en qué pueblos la gente votaría por mí. Yo no era del partido", contó la misma legisladora.
Está también el caso del congresista de Fuerza Popular Elard Melgar, a quien la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, de Huacho, le anuló el título de abogado, luego de ser acusado de plagiar su tesis profesional. Pero la Comisión de Ética parlamentaria, que controla el fujimorismo, desestimó la denuncia el 3 de abril, porque a que el denunciante retiró la acusación. Y finalmente está el caso de su colega de bancada Lucio Ávila, quien obtuvo grados en dos universidades con el mismo trabajo de investigación.
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