El accidente en el serpentín de Pasamayo, que dejó el saldo de 52 personas fallecidas, ha puesto en el ojo de la tormenta el contrato que el Estado firmó el 2002 con la concesionaria Norvial, el cual no cuenta con ninguna cláusula que la obligue a implementar medidas de seguridad vial en la zona conocida como “La Curva del Diablo”, en Huaral.

Así lo hizo saber el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, quien se presentó ante la Comisión de Transportes y Defensa del Consumidor del Congreso por el trágico accidente. “El contrato no habla de poner barreras de seguridad ni barandas y por eso no se ha implementado. Solo se ha realizado el mantenimiento básico”, detalló ante los parlamentarios.

“El contrato de concesión hace referencia a un estudio técnico que se elabora de forma previa en el año 98. Ese estudio técnico no exige nada con relación a seguridad. Puntualmente no hay una exigencia técnica, el contrato de concesión firmado en el 2002 no recoge esos aspectos técnicos de la propuesta”, explicó el ministro.

Ante esto, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ejecutivo que se renueven los contratos de infraestructura vial de todas las zonas que se consideran de riesgo al tránsito de vehículos. Para el titular de la institución, Walter Gutiérrez, el Estado peruano tiene responsabilidad en el accidente pues la infraestructura no se ha renovado y en el momento de la construcción no se tomó en cuenta los derechos de los usuarios.

“El Estado tiene responsabilidad, durante más de 20 años nos han vendido la idea de que el Estado no puede hacer actividad económica. La gran infraestructura de los países modernos la ha hecho el Estado y luego la concesionan. Así se hicieron las grandes interestatales de Estados Unidos, siempre respetando los derechos de las personas”, manifestó para RPP Noticias.

Gutiérrez recalcó que se deben renovar los contratos de concesión que tienen más de 20 años y que tanto el Ministerio de Transportes como el Ositrán, deben asumir su responsabilidad tanto en la infraestructura vial del país, como en el cumplimiento de los contratos. En ese sentido, aseguró que buscará una sanción penal contra los administradores y miembros del directorio de las empresas propietarias de los vehículos involucrados en el accidente de Pasamayo.

“Los responsables no solo son los conductores, los responsables también son los administradores y los miembros del directorio. Se debe sancionar a quienes conducen las empresas porque ellos tienen que cuidar la seguridad, vida e integridad de las personas. Esto no es un negocio sino un servicio público”, afirmó el defensor del Pueblo.

Si bien la concesión se firmó por un periodo de 25 años y el expediente técnico se desarrolló en 1998, Giuffra aseguró que negociarán con Norvial para la colocación de barreras de seguridad en el serpentín. Asimismo, señaló que su sector revisará todos los contratos de concesiones de las vías peruanas para determinar si es necesario realizar mejoras a las cláusulas respecto a seguridad.

(Foto de cabecera: La República)

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