Fuerte y claro. Así es el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre los proyectos de ley, presentados por miembros de la bancada Fuerza Popular (FP), para modificar el etiquetado de alimentos establecido en la llamada Ley de Alimentación Saludable (Ley N° 30021).
Esta ley, aprobada en el 2013, aún se encuentra en proceso de implementación y esta situación parece haber sido aprovechada por los que se oponen a ella. El congresista Daniel Salaverry (FP) presentó un proyecto de ley para modificar el etiquetado establecido en la ley.
En lugar de los octágonos negros con advertencias de "alto en...", el fujimorista pretende que se pongan advertencias tipo semáforo, con tres colores. Esta propuesta fue respaldada por sus compañeros de bancada Úrsula Letona, Esther Saavedra y Miguel Castro, actual presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.
Para la Defensoría del Pueblo, modificar este sistema de advertencias publicitarias contraviene los derechos a la salud y a la información a las personas. A través de un pronunciamiento, manifestó su "total desacuerdo" y solicitó al Congreso el archivamiento de esta iniciativa.
Recordó que el artículo 65 de la Constitución es la "piedra angular" del sistema de protección de las "personas en el mercado". Este, explicó, "garantiza los derechos a la información, a la idoneidad de los productos, a la libertad de elección, entre otros mandatos que se reflejan en un deber especial de protección del Estado a al persona para garantizar una tutela efectiva de sus derechos".
En este sentido, agregó, el Código de Protección y Defensa del Consumidor ha establecido un conjunto de principios, como los de protección mínima y transparencia, los cuales "no pueden ser desconocidos por ninguna iniciativa legislativa". Resaltó, además, que los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los grupos "más vulnerables", por lo que la información en los productos debe ser fácilmente accesible.
Las propuestas de los fujimoristas son, para la Defensoría, "una fórmula de compleja comprensión que hace inviable la materialización del derecho a la información e implican un desconocimiento del mandato contenido en el artículo 65 de la Constitución".
"En consecuencia, tales proyectos atentan contra el derecho a las personas a realizar un consumo adecuadamente informado, perjudicando la salud, que también es un derecho fundamental que se verá afectado", afirmó.
Por último, la Defensoría mostró su convencimiento de que el sistema octagonal, establecido en la ley aprobada, "es el modelo que mejor garantiza los derechos constitucionales" por ser "visualmente más directo y contribuir de mejor manera a que las personas tomen decisiones de consumo informadas".
(Foto de portada: Agencia Andina)
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