En el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de peculado doloso en agravio del Estado, la fiscalía solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del Perú del ex contralor General de la República Édgar Alarcón Tejada, quien es acusado de haber autorizado 121 acuerdos de rescisión de contrato de trabajo y los respectivos pagos presuntamente irregulares.
Según las pesquisas de la Primera Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo de Zoila Sueno Chirinos, los mencionados acuerdos no tuvieron el visto bueno del Ministerio de Economía ni un informe legal, tal como exige la legislación.
Entre las personas beneficiadas con estas medidas bajo sospecha figura Marcela Mejía Franco, quien fue pareja de Alarcón en el tiempo en que ambos estuvieron en la Contraloría y es madre de sus dos hijos menores.
El excontralor ordenó pagarle a Mejía 127 mil soles como liquidación, pese a que no le correspondía ese monto, según la denuncia que hizo el exauditor Walter Grados, quien lo acusó de malos manejos en la institución. La expareja de Alarcón recibió otros 100 mil soles más por concepto de viáticos.
En la audiencia de este lunes, en la que pidió la medida restrictiva contra Alarcón, la fiscal Sueno —quien ya había declarado complejo el caso y fijó un plazo de ocho meses para las investigaciones—, dijo también que el excontralor autorizó el pagó de vacaciones truncas que no le habrían correspondido a Mejía, quien trabajó en el área de Tesorería y tenía un sueldo de 3.350 soles.
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