Luego que el Tribunal Constitucional (TC) terminara dejando sin efecto la denominada "Ley Antitránsfuga", la mayoría fujimorista ha reaccionado rechazando el fallo, debido a que ahora varios congresistas de dicha bancada podrían dejarla, cansados de algunas decisiones tomadas por presión de Keiko Fujimori.

A esta reacción se han sumado parlamentarios apristas como Javier Velásquez y Mauricio Mulder; mientras que Jorge del Castillo ha manifestado que "los fallos se deben cumplir, nos guste o no".

Más allá de la novedad del apoyo de algunos apristas que antes fueron opositores al fujimorismo y ahora parecen seguir su coro; es bueno recordar que, hace más de 20 años, la mayoría fujimorista no solo desconoció un fallo del TC, sino que además defenestró a varios de los magistrados de aquel entonces.

Recordar es volver a vivir, dice el dicho. Pero también es hacer memoria sobre la historia, para ciertos hechos no vuelvan a repetirse.

USTED ABUSÓ

Corría el año 1996, un año después de la holgada victoria de Alberto Fujimori que le daba un nuevo mandato presidencial hasta el 2000. La oposición se la jugó por las urnas y perdió.

Pero Fujimori y sus seguidores no se conformaban con tener el poder hasta el 2000. La nueva Constitución de 1993, aprobada con irregularidades en las urnas (el libro El Crimen de La Cantuta, de Efraín Rúa, da unas luces sobre ello), permitía la reelección presidencial. 

Basados en ello, la mayoría fujimorista en el Congreso aprobó, el 23 de agosto de 1996, la "Ley de Interpretación Auténtica", con la que Fujimori podía postular a un tercer mandato en el año 2000. Esta norma indicaba que el período 1995-2000 era el primero desde la nueva Constitución, y se invocaba la no retroactividad de las leyes.

La oposición, que ya vislumbraba el plan fujimorista de perpetuarse en el poder, se movió de inmediato y apeló al TC, que el 16 de enero de 1997, declaró dicha norma "inaplicable".

La mayoría fujimorista, con la presidencia de Víctor Joy Way (luego condenado por corrupción), no se quedó atrás y golpeó aprovechando todo el poder que tenía. El 29 de mayo de 1997, emitió tres resoluciones legislativas que destituyeron a Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry, que mantuvieron su posición pese a las presiones.

El resto es historia conocida: Fujimori postuló a una tercera reelección, con claras evidencias de fraude denunciadas por observadores nacionales e internacionales. Tras asumir su ilegal tercer mandato, poco después se descubrió cómo su asesor sobornaba parlamentarios de la oposición, lo que causó el desmoronamiento del régimen, que llegó a su final con la renuncia por fax del ingeniero.

¿DÉJA VU?

Dos décadas después, nos encontramos con un fujimorismo que ya no apela a exasesores para agrandar su mayoría; sino a leyes con nombre propio para no perderla. Sin embargo, el TC ha observado bien la norma, y como hace 20 años, le ha dicho que no.

De momento, la mayoría fujimorista, acaso con el recuerdo de lo ocurrido en esa época, ha decidido ir por la legal y presentar un recurso para desconocer dicho fallo, que amenaza la unidad de su bancada, por fuera monolítica, pero por dentro con fracturas.

Mientras tanto, junto a sus aliados apristas, Fuerza Popular podría acelerar el proceso contra cuatro magistrados del TC, denunciados por integrantes de la Marina, por haber sentenciado que el caso El Frontón es de lesa humanidad, lo cual no ha gustado nada a un expresidente. 

Por ello, es necesario que la ciudadanía se exprese para que no se repita la historia, como lo ha hecho en esta jornada por otro tema que también atañe al fujimorismo:

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