En medio del enfrentamiento público por la aplicación en el caso Olmos del decreto de urgencia 003-2017 —emitido para proteger la cadena de pagos y la reparación civil al Estado de las empresas corruptas— entre el Ministerio de Justicia y la procuraduría pública, el despacho de la presidenta del la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, informó que Odebrecht habría presentado en EEUU una demanda contra el Estado peruano, pero la empresa brasileña afirmó que no hay ninguna denuncia presentada, por ahora.

En la constructora brasileña, que admitió haber pagado US$29 millones en coimas en Perú en los últimos tres gobiernos —aunque parece que no lo ha contado toda la verdad sobre su trama corrupta—, sostienen que el Gobierno no quiere dialogar y que busca expulsarlos a como dé lugar, a raíz de lo declarado en los últimos días por la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, o el vicepresidente Martín Vizcarra, en el sentido de que urge que Odebrecht venda sus activos, pague la reparación civil y se vaya lo antes posible para poder superar la crisis de confianza que este caso generó en el flujo de inversiones y empezar a sanear la economía nacional.

Este lunes, El Comercio cita un comunicado del equipo legal de Odebrecht, al que tuvo acceso, en el que informan del envío de un exhorto al Ejecutivo para "dirimir algunas discrepancias" sobre los contratos de proyectos públicos que tienen en Perú. La empresa brasileña alega que sus inversiones en el país están protegidas "bajo cierto Tratado Bilateral de Inversión Internacional" y que su intención, ahora, es llegar a "un acuerdo amistoso" con el Estado peruano, "antes de iniciar cualquier acción legal" en el extranjero. El pedido, sostienen, ya fue enviado al Ministerio de Justicia (Minjus) y a otras entidades hace más de un mes, pero hasta la fecha no han tenido respuesta. El oficio en mención no fue difundido públicamente.
¿A qué instancia internacional acudiría Odebrecht? Todo indica que al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, con sede en EEUU, donde le suele ir mal al Estado peruano.

El polémico DU 003

Según Odebrecht, el exhorto al Gobierno no se centra en el Decreto de Urgencia 003, sino  en las acciones que el Gobierno inició sobre sus inversiones en el país, pero sí sostienen que el mencionado dispositivo legal les restringe la activos que tienen en el país, desalienta a los posibles compradores y no les permite pagar a sus proveedores.

El mencionado decreto se emitió en febrero pasado, según el Ejecutivo, con fin de  proteger la cadena de pagos y la reparación civil de las empresas que reciban una sentencia por delitos de corrupción o que los hayan admitido. hasta la fecha, solo Odebrecht y todas sus subsidiarias en el Perú están en ese situación.

Pero ciertos vacíos legales en el DU 003 hacían previsible un escenario como el de ahora: un enfrentamiento entre el Ejecutivo y la procuraduría, y el riesgo de que no se cobre una futura reparación civil. Uno de los problemas de la norma es que no determina con claridad el rol que tienen la Procuraduría ni del Poder Judicial en su aplicación, y sus lineamientos se han cambiado tres veces, para ir afinando estos problemas.

Con el DU 003, en el caso de Oebrecht, por ejemplo, las ventas de sus activos en Perú están sujetas a una autorización previa del Minjus y condicionadas a que la procuraduría determine una reparación civil, monto que servirá para calcular un porcentaje que el Estado retendrá en cada operación. El dinero que irá al fondo —fideicomiso— creado para garantizar la reparación civil a favor del Estado.

Y hasta el momento el despacho de la ministra Pérez Tello no ha recibido ninguna solicitud para la venta de activos de Odebrecht y el Gobierno tampoco ha podido fijar un monto estimado de reparación civil por los daños causados por la empresa brasileña, que obtuvo millonarias ganancias gracias a las coimas, según admitió ante la justicia de EEUU, donde aceptaron pagar la multa más alta de la historia por casos de corrupción, que asciende a US$2.600 millones.

El ex procurador Luis Vargas Valdivia le dijo a El Comercio que esta situación, en parte, se debe a que no hay una estrategia de Estado definida:

"Veo que Odebrecht quiere llegar a un acuerdo para pagar la reparación civil, como lo ha hecho en otros países. Pero no ha recibido una respuesta coherente del Estado. Parte de la responsabilidad es de la ex procuradora (Katherine) Ampuero (...) Por ejemplo, el Decreto de Urgencia 003, que en mi opinión es bueno. Este no se ha hecho para favorecer a Odebrecht, sino para preservar el cobro de una reparación civil. Pero la ex procuradora presentó una medida cautelar impidiendo la venta de sus activos (...)  Esos mensajes no ayudan (...) Entiendo la indignación, pero debe haber una respuesta coherente en el marco de una estrategia para defender los intereses del Estado. No veo una estrategia para enfrentar este caso".

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