Primero fue la tragedia en Las Malvinas y ahora la del Cerro San Cristóbal, donde han muerto nueve personas y otras 52 resultaron heridas, tras el despiste de un bus turístico el domingo. La informalidad y la falta de fiscalización de autoridades competentes de Lima son el patrón que repite en ambos casos.
Depósitos inseguros que funcionan sin licencia a la vista y paciencia de todos, trabajadores que laboran en condiciones esclavizantes, o empresas de buses informales que no tienen local fijo y recogen a pasajeros en la calle, con total libertad e impunidad.
En el caso de la tragedia del domingo, el bus siniestrado, de placa ACE-920 y de la empresa GreenBus, había sido adaptado para llevar pasajeros en un segundo piso y aunque se afirmó que sí contaba con licencia para operar por la ruta del Cerro San Cristóbal, el gerente de fiscalización de la Municipalidad del Rímac, José Jara Alvarado, dijo este lunes que la calcomanía en la que se certifica la autorización era falsa.
Asimismo, explicó que las licencias para servicio turístico se dan de manera general, sin precisar rutas. Así, en el 2016, la Municipalidad de Lima autorizó a la empresa ATEM CA, razón social que usa Green Bus, prestar servicio público de transporte turístico en el ámbito urbano e interurbano en la provincia de Lima por un plazo de dos años.
Esta licencia no le otorgaba ni el derecho al estacionamieno en la vía pública ni a la habilitación de paraderos; sin embargo, Green Bus lo hacía. El bus que se despistó el domingo recogía a sus pasajeros en la cuadra 2 del jirón Callao, en plena calle.
“Tenían jaladores en la plaza mayor que iban juntando turistas hasta formar grupos. Se llenaba un bus y partían”, dijo una comerciante de la zona, citada por El Comercio.
Imprudencia y negligencia
Pero además de la responsabilidad que le compete a las autoridades —que los municipios de Lima y el Rímac no asumen y se culpan entre sí de la tragedia—, Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, refirió que la empresa GreenBus también fue irresponsable al permitir que un bus modificado y de las dimensiones del que se despistó el domingo nunca debió recorrer la vía hacia la cima del Cerro San Cristóbal, que es angosta, sinuosa y no tiene guardavías.
"Por sentido común, la empresa misma jamás debió permitir que suba un bus de esas dimensiones, con ese número de pasajeros en una carretera sinuosa. Nunca ese vehículo debió subir al cerro San Cristóbal", explicó el especialista en RPP.
Pero eso no es todo, el bus siniestrado tenía cinco multas pendientes de pago por un monto de 1.296 soles (718.72 soles con los beneficios tributarios). La más antigua data del 22 de mayo del 2016 y las otras cuatro son de este año. Dos dos son por contaminación sonora y las otras tres son por mal estacionamiento en la vía pública.
Lo que es peor es que no es la primera vez que una tragedia así sucede en el Cerro San Cristóbal. En el 2009, en la misma curva en la que se despistó el bus este domingo, una cúster se descarriló. En dicha oportunidad solo murió un joven.
De acuerdo a Miguel Paredes, dirigente del asentamiento humano Villa Fátima, zona de la tragedia, dijo que luego de ese accidente se pidió a las municipalidades de Lima y del Rímac que prohibieran el acceso de buses, porque la vía es muy angosta y que además estas unidades descendían el cerro San Cristóbal de forma imprudente.
Como era de esperarse, no fueron escuchados y los vecinos tuvieron que construir, con su propio dinero, tres rompemuelles. Evidentemente no fue suficiente para la imprudencia de conductores, empresas y autoridades que prefieren no ver lo que tienen frente a sus ojos.
(Foto de portada: Andina)
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