Fueron detenidos el 15 de mayo en el estado Aragua, en el norte de Venezuela. Eran diez y se encontraban en los alrededores de la zona en la que se realizaban protestas en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, se señala en las actas judiciales.  

"Los formaron en fila y obligaron a unos a tocarle las partes privadas a otros y a manipular sus miembros. Les pegaban, los pateaban y los golpeaban con los cascos de protección que usa la policía. Los forzaron a bailar La Macarena. Quienes no lo hacían recibían más golpes. Pero eso no fue lo único que les hicieron…", narró uno de los abogados defensores de los diez jóvenes, Martín Ríos, en conversación con BBC Mundo.

El abogado indicó que todo sucedió en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Aragua. Esta no es la única denuncia de abusos durante los procesos de detención, es más, algunos de ellos han sido registrados en videos y fotos.

A cada uno de los jóvenes los separaron y a uno de ellos le hicieron "algo aberrante y dantesco", contó Ríos. A esta víctima en especial, de 19 años, lo forzaron a arrodillarse y le amarraron un cable a la altura de las muñecas, luego "le pusieron gas pimienta y una capucha sobre la cabeza. Después le bajaron el short y le introdujeron un tubo en el recto", aseguró el abogado, quien detalló que ninguno de los otros detenidos podían verlo, pero sí lo escuchaban gritar, llorar y pedir ayuda.

Este caso ya se encuentra en investigación en el Ministerio Público. La víctima de 19 años fue sometida a una evaluación médica y esta confirmó la violación.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, condenó dichas agresiones. 

"No quiero ver a un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle. Los funcionarios que no tengan un comportamiento que responda a sus principios, deberán responder por sus actos", dijo en un acto al que asistió el 6 de junio.

Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, le dijo a BBC Mundo que "lo que está ocurriendo en Venezuela no tiene precedentes en la historia reciente del país, es muy preocupante (...) Es una de las peores crisis de violaciones a los Derechos Humanos en el continente debido a la gravedad de los hechos, lo sistemático de los mismos, la falta de independencia de los poderes y la impunidad que existe".

La directora del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), Liliana Ortega, señaló que "este crimen procura no dejar rastros. Funcionarios de regímenes dictatoriales han sido condenados pese a que no se recopiló evidencia cuando los actos ocurrieron. La responsabilidad de probar lo que ocurrió -o no- recae en el Estado, según convenciones internacionales para la investigación de casos de tortura como el Protocolo de Estambul".

La abogada Tamara Suju, directora de Casla, un centro de estudios para América Latina con sede en la República Checa que evalúa a las democracias en la región, introdujo una demanda en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Holanda, en contra del Estado venezolano por cometer actos de tortura sistemática.

Los abusos sexuales no son los únicos delitos cometidos contra los detenidos en Venezuela, el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad al momento de la aprehensión también han sido una constante.

"El primer golpe lo sentí en la cabeza, me habían pegado con la culata de un rifle para perdigones (...) empezaron a jalarme el cabello y a darme patadas en las rodillas mientras seguían pegándome en la cabeza, era una lluvia de golpes, no paraban. Una de las mujeres policía me dio un puño en la cara. Yo gritaba y lloraba… tenía tanto miedo que me oriné"", relata Carmen Ángel, una estudiante de 21 años que también vive en Barinas.

Fue tanta la golpiza que los funcionarios tuvieron que llevarla al hospital. Llegó esposada y así permaneció. 

"Me advirtieron que no hablara, pero con los ojos le pedí ayuda al doctor que me recibió. Si no fuera por el personal médico que impidió que los policías me sacaran del hospital, la historia habría sido diferente".

El resultado de la irracional golpiza, que ocurrió el 11 de abril pasado, fueron fracturas en los dedos y varias heridas en la cabeza que necesitaron sutura.

Otra víctima de estos abusos es Andrés, un estudiante universitario de 21 años. Él tiene nueve perdigones de plomo incrustados en el costado derecho de su torso desde el 18 de mayo. La munición que se utiliza para cazar animales no ha podido ser retirada por los médicos, pues está muy incrustada dentro del músculo.

Para Andrés todo fue muy rápido, eran las 6:00 pm, ya estaba oscuro y había salido para ver qué estaba pasando en una protesta cerca de su casa. Lanzaron una lluvia de bombas lacrimógenas y "la gente corrió como loca. Yo me quedé atrapado entre una pared y los guardias nacionales que se bajaron de las motos. Levanté las manos y les dije que estaba desarmado, creo que eran como ocho, uno me apuntó con una escopeta en la cara, me volteé y sentí el tiro en el costado".

"Se reían y gritaban: 'Llora mariquito, estás cagado (término vulgar para decir que alguien está asustado), te vamos a matar'. Estaba abrumado, me quebré, el miedo se apoderó de mí. Me mandaron a correr, las motos me perseguían, me pegaron con la culata de un rifle. Los oía decir: 'Dispárale a ese'", agregó.

Andrés logró escapar.

Pero eso no es todo. Pese a que la legislación venezolana garantiza el derecho de un detenido a comunicarse con sus abogados y su familia, las autoridades no permiten el contacto con los detenidos ni siquiera de sus familiares.

El Comité contra la Tortura de la ONU ha recibido "reportes de , descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, asaltos sexuales y amenazas sufridas por los manifestantes arrestados", le indicó a BBC Mundo Jens Modvig, presidente del Comité.

Ninguna de las entidades involucradas, el Ministerio Público y la Policía Nacional Bolivariana, han querido pronunciarse sobre el caso.

DATO

► De acuerdo al Foro Penal, durante la última ola de manifestaciones en contra de Maduro se han registrado más de 3.200 arrestos. Hasta el 14 de junio aún habían 1.280 de ellos retenidos.

(Foto de portada: Getty Images)

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