Este miércoles es el Día D para Edgar Alarcón. La Comisión Permanente del Congreso debatirá la posibilidad de destituir al contralor general de la República, luego que el subgrupo de trabajo que evalúa las denuncias contra solicitara su remoción del cargo.

El parlamentario por el Frente Amplio y titular de esta comisión evaluadora, Marco Arana, junto a Héctor Becerril (Fuerza Popular) y Juan Sheput (Peruanos Por el Kambio), se reunieron el martes por la noche para la redacción final del informe. Según la información que se maneja hasta el momento, se halló al menos cuatro causales por las que el contralor debe ser removido de su cargo.

i) Sometimiento ante un subalterno, en este caso ante el auditor Walter Grados, para evitar que se denuncie un hecho irregular; ii) hacer negocio con un proveedor de la misma Contraloría; iii) omisión de información relevante en sus declaraciones juradas; y iv) pagar beneficios sociales contra la ley a favor de una ex trabajadora, madre de sus hijos. Estas son las regularidades imputadas a Alarcón.

En tanto, la acusación de la compra y venta de vehículos fue desestimada como falta grave por el grupo de encabeza Arana. Sobre este caso, la comisión determinó que sea el Ministerio Público el que revise esta denuncia junto otra relacionada a compra y venta de bienes.

Sobre el informe de la UNSA que concluye que el título universitario del contralor es fraudulento —que este martes fue ratificado por Consejo Universirario—, este caso se podría incluir este miércoles en la denuncia como otra falta grave que sustente la destitución de Alarcóbn la cual será debatida a partir de las 3 de la tarde en la Comisión Permanente. En esta instancia se decidirá si este funcionario es ratificado o removido de su cargo.

Se jugó la última carta

El contralor, en su intención por salvar el puesto, convocó a una conferencia de prensa en un hotel de San Isidro el martes. En compañía de su abogado, Humberto Abanto, reclamaron que el grupo de trabajo que lidera Marco Arana no ha cumplido con respetar el debido proceso ni garantizar el derecho a la legítima defensa.

“Durante la audiencia en que se verificó mi declaración, se me separó de mi abogado, restringiéndoseme el derecho a ser asesorado y patrocinado”, señaló Alarcón.

El contralor pidió ser recibido en la Comisión Permanente para ofrecer sus descargos previo al inicio del debate que decidirá su suerte. Su solicitud responde a un comportamiento —según considera Alarcón— alejado del derecho por parte del grupo de trabajo que evaluó su remoción.

(Foto de cabecera: La República/Mauricio Malca)

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