El expresidente Alejandro Toledo ha proclamado, por todos los medios posibles, su condición de "perseguido político" y ha justificado su presencia en Estados Unidos por unas supuestas obligaciones académicas en la universidad de Stanford, a la que, en realidad, paga él como "investigador visitante" para escribir un libro. Sin embargo, este no es el único caso en el que la justicia estadounidense mostró su falta de colaboración con sus vecinos latinoamericanos.
Además del caso de Toledo, son tres exmandatarios requeridos por la justicia de sus respectivos países y contra los que pesan peticiones de extradición que se refugian en territorio de EEUU: Gonzalo Sánchez de Lozada, de Bolivia; Jamil Mahuad, de Ecuador; y Ricardo Martinelli, de Panamá.
Mahuad, quien lleva 17 años en EEUU y fue presidente de Ecuador de 1998 a 2000, vio su tan promisorio como frustrado mandato presidencial interrumpido por un golpe de Estado en medio de un descalabro económico del país sin precedentes. La Corte Suprema de Justicia de Ecuador ordenó su detención, tras ser acusado de perjuicio al Estado por ordenar, como jefe de Estado, la incautación de todos los depósitos bancarios.
Por ese delito fue juzgado y condenado en ausencia a una pena a 12 años de cárcel, que ya habría cumplido de no ser porque desde entonces vive en Estados Unidos sin que la Justicia de ese país haya encontrado aún razón alguna para extraditarlo.
Asimismo, Sánchez de Lozada, más conocido como "Goni", con 14 años viviendo en EEUU, fue juzgado en ausencia y condenado en su país por genocidio a causa de la muerte de casi un centenar de personas en el curso de la represión militar contra una serie de protestas callejeras durante su controversial segundo mandato presidencial, entre el 2002 y 2003, que terminó con su dimisión en medio de la turbulencia social que aupó al poder a Evo Morales, líder cocalero desde entonces en el poder.
Estos dos casos le dan una gran esperanza tanto a Toledo como a Martinelli. El exgobernador de Panamá, entre 2009 y 2014, le dio a su país un quinquenio tanto de auge económico como de la más escandalosa corrupción, en una multiplicidad de casos de los que él, sus familiares más directos y sus colaboradores y socios más cercanos, son presuntamente responsables.
La justicia de Panamá lo ha acusado por ahora directamente en un caso de escuchas telefónicas ilegales por el que el Gobierno ha solicitado sin éxito alguno su detención a la Interpol y su extradición a EEUU, donde el exgobernante vive y dirige sus multimillonarios negocios desde 2015.
Martinelli ha sido salpicado además en varios capítulos de la mastodóntica trama de corrupción suscitada por los millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en varios países latinoamericanos, entre ellos Panamá.
Los casos de Martinelli y Toledo resultan más llamativos, en tanto y cuanto son sospechosos en el caso Odebrecht, en el que Estados Unidos logró una detallada confesión de la constructora sobre los sobornos que pagó en diferentes países en lo que opera y que implicó el pago de la multa más alta de la historia por un caso de corrupción, ascendente a US$2.600 millones.
Pero además, nadie puede acusar a Washington de haber rechazado las peticiones de extradición porque simplemente no las ha contestado, en supuesto honor a la independencia de su Poder Judicial, en el que reside la potestad de acceder o no a solicitudes de sus países amigos. No obstante, la colaboración de los gobiernos latinoamericanos sobre la lista de notables personajes extraditados a EEUU no se justifica comparada a la la inoperancia en sentido contrario.
(Con información de Efe)
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