Según el acuerdo para la rehabilitación e instalación del sistema de peaje de la Vía de Evitamiento, firmado por el concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la compañía brasileña OAS, la empresa tenía como condición avanzar el 70% de las obras antes de iniciar el cobro a los vehículos. Sin embargo, la firma brasileña empezó a recaudar el peaje en octubre de 2013, cuando ni siquiera había avanzado el 40% de los trabajos.

En el documento del concejo limeño —obtenido por La República— del 15 de junio de 2009, que aprueba el proyecto de inversión Línea Amarilla presentado por OAS y que lleva la firma del alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, se estableció que la constructora brasileña, efectivamente, debía completar el 70% de las obras antes de comenzar a cobrar el peaje.

“El cronograma de inversión prevé que la empresa (OAS) aporta recursos propios hasta aproximadamente 70 por ciento de la inversión prevista, vale decir 331,2 millones de dólares antes que capten los ingresos de peaje que se destinan actualmente a un fideicomiso de flujos de peaje”, señala textualmente el acuerdo de regidores.

Lo extraño es que en el contrato entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y OAS, firmado el 12 de noviembre de 2009, no se toma en cuenta este acuerdo de concejo que se había adoptado cinco meses antes. En dicho contrato suscrito por la entonces funcionaria Giselle Zegarra Flores y el exrepresentante de OAS en el Perú, Valfredo de Assís Ribeiro Filho, no se menciona la obligación de la empresa brasileña de invertir el 70% en las obras comprometidas antes de la recaudación del peaje.

Caso omiso a los regidores

Juan Carlos Zurek, actual alcalde de La Molina y uno de los regidores que aprobó la concesión, manifestó que la Municipalidad de Lima debería disolver el contrato con la empresa Línea Amarilla por la causal de incumplimiento. Además, indicó que Lamsac –que era de propiedad de OAS– usó los fondos recaudados del peaje para financiar las obras de la Vía de Evitamiento.

“Sin embargo, el contrato expresamente prohíbe a la empresa concesionaria usar los recursos derivados del cobro del peaje para cubrir los costos de las obras. Y eso es una causal de caducidad del contrato”, señaló Zurek.

De otro lado, el regidor Hernán Ñúnez, afirmó que, efectivamente, el contrato suscrito por el municipio limeño con Línea Amarilla no respetó el acuerdo del concejo del 15 de junio de 2009.

“Lo lógico y lo legal era que se respetara el acuerdo de concejo. Si el acuerdo de concejo establece una cosa, el contrato debería decir lo mismo. Hay una evidente contradicción entre lo que señala el acuerdo de concejo y el contrato. La administración de la municipalidad ha ido en contra de lo que había decidido el concejo de regidores, y las ordenanzas tienen rango de ley”, explicó Núñez.

Situación actual

Lo cierto es que, a la fecha, Línea Amarilla ha aumentado el monto del peaje desde 2013 y no se ha concluido obras que debieron ser entregadas en 2015. A pesar de ello, la autoridades ediles no intervienen en el caso, ni si quiere considerando que el 5 de agosto de 2015, el presidente de OAS, Leo Pinheiro, recibió una condena de 16 años de cárcel por corrupción y lavado de activos, y otros tres altos ejecutivos fueron sentenciados a 11 años, en el marco del caso “Lava Jato”.

Inclusive los delatores han mencionado la presunta implicación de Valfredo de Assís Ribeiro Filho, el representante de OAS en el Perú y la persona que suscribió la concesión a favor de Línea Amarilla. Asimismo, OAS, a sabiendas de que el caso “Lava Jato” complicaría sus negocios en Perú, vendió la concesión Línea Amarilla a la francesa Vinci Highways, en agosto de 2016, sin haber terminado las obras de la Vía de Evitamiento. Otra vez , la gestión de Castañeda no dijo ni hizo nada.

CIFRAS

US$ 331,2 millones era lo que debía invertir OAS antes de iniciar el cobro del peaje.

US$ 500 millones era el costo inicial de la concesión.

US$ 1.100 millones, terminará pagando la municipalidad por la obra.

9 años lleva el proyecto Línea Amarilla.

(Foto de cabecea: RPP)

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