Este lunes 8 de mayo empezaron las jornadas de trabajo de los representantes de los países partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) con miras a la COP 23 que se desarrollará en noviembre próximo en la ciudad alemana de Bonn.
Como es costumbre, antes de la COP se organizan reuniones previas de coordinación y de avances. En la misma ciudad, cientos de funcionarios y representantes de la sociedad civil se reunirán hasta el 18 de mayo para trabajar en la elaboración de la implementación del Acuerdo de París (documento aprobado en la COP 21, en diciembre del 2015, y suscrito en abril del 2016 en Nueva York), que propone que los países disminuyan sus emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo es que la temperatura del planeta no exceda los 2°C para el año 2100.
Asimismo, se buscará asegurar la transparencia en la información que las naciones aportan sobre sus acciones frente al cambio climático hasta cuestiones relacionadas con el financiamiento climático. Se espera que la citada guía de implementación que hará operativo al acuerdo esté terminada en el 2018. También debe presentarse una lista actualizada de las contribuciones nacionales (INDC) de cada país parte de la convención.
“La reunión de mayo es una oportunidad para que los gobiernos logren un claro avance en la guía de implementación que hará que el Acuerdo de París sea completamente operativo y para lograr avances también en la evaluación de lo logrado desde París, que está prevista para el año que viene. Servirá además para preparar el próximo presupuesto que los gobiernos deben aprobar para avanzar en la implementación del acuerdo”, dijo Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la CMNUCC.
Sociedad civil pregunta
Representantes de Climate Action Network, una red de más de 1.000 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la lucha contra el cambio climático en 120 países, instaron a los representantes de los países participantes en estas dos semanas a avanzar en la implementación del Acuerdo de París.
Si bien en el 2018 vence el plazo autoimpuesto para poner en práctica el acuerdo de la COP 21, la sociedad civil puso este lunes 8 algunas interrogantes sobre la mesa:
¿Quién es responsable de tomar medidas?
Aunque, como parte del Acuerdo de París, todos los países tomarán medidas para reducir sus emisiones y prepararse para los impactos climáticos, no se espera que todos lleven a cabo exactamente el mismo tipo o cantidad de acción. Los desacuerdos sobre esta "diferenciación" entre países -y sus obligaciones- se extenderán a cada punto de la agenda y esto es una de las divergencias fundamentales dentro de las negociaciones. La respuesta a cómo se aplicará la transparencia y el cumplimiento en el marco del Acuerdo de manera diferente a países con contextos y capacidades variados no se ha acordado y es probable que sea un tema polémico durante las dos semanas.
¿Qué tipo de acciones están tomando los países?
Una divergencia tan fundamental es la división sobre qué son exactamente las contribuciones nacionales contra el cambio climático (INDC). Aunque el Acuerdo de París es claro, las contribuciones son amplias, muchos países desarrollados quisieran renegociar efectivamente para ver el alcance limitado a reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero solamente, para no incluir ninguna mención de apoyo financiero o adaptación al cambio climático. Las negociaciones sobre la contabilidad de las contribuciones, y la información que se debe proporcionar sobre ellas, verán por lo tanto una batalla diplomática feroz entre países desarrollados y en desarrollo.
¿Qué tipo de apoyo está disponible para ayudar a los países en desarrollo?
Además de las acciones que emprenderán los países, sigue existiendo una gran pregunta sobre qué tipo de apoyo se ofrece. Muchos países en desarrollo han presentado promesas que están al menos parcialmente supeditadas al apoyo financiero y tecnológico, y tanto el Acuerdo de París como el Convenio Marco obligan a los países ricos a contribuir a estos costos. Es probable que la necesidad estimada supere los US$ 4 billones, sin embargo, hasta el momento, la cantidad prometida es pálida en comparación, y la cantidad de fondos efectivamente entregada es aún mayor. Cerrar esta brecha sigue siendo una cuestión urgente para los países en desarrollo.
¿Cómo sabremos si los países están cumpliendo sus promesas?
El proceso de seguimiento y contabilización de los países prometidos acciones también será objeto de un debate importante en Bonn. Los países en desarrollo están convencidos de que las normas relativas a la transparencia deben diferenciarse para reflejar la disparidad de capacidad entre ellos y los países desarrollados. Por otra parte, son igualmente inflexibles que las normas de transparencia deben aplicarse no sólo a las promesas de reducción de emisiones, sino también a todos los elementos de las contribuciones -incluidas las financieras- para garantizar que los países donantes entreguen nuevos fondos.
Ilustración: planetorbust.com
