Para ir de Lima a Ancón, ahora los limeños deben pagar 5 soles de ida y otros 5 soles de vuelta. El nuevo peaje en Puente Piedra provocó violentas protestas la mañana de este jueves, cuando cientos de vecinos y transportistas llegaron a incendiar la garita en la Panamericana Norte y se enfrentaron a los policías. 

Si bien los daños provocados durante la protesta deben ser sancionados con todo el peso de la ley, el motivo del reclamo de los ciudadanos es comprensible. En una entrevista a Canal N, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, explicó por qué el contrato entre Rutas de Lima y la comuna limeña debe ser renegociado.

1.- Viola el derecho al libre tránsito

El peaje, ubicado a la altura del kilómetro 25 de la Panamericana Norte, divide al distrito de Puente Piedra. Para el defensor del Pueblo, Rutas de Lima debió haber construido una vía alterna.

"Tienen que haber vías alternas, pero en este caso no existe. Adicionalmente, también se restringe el libre tránsito en la medida que no hay vía alterna y se debe pagar 5 soles para salir y otros 5 para entrar, son 10 soles todos los días, no solamente para los que tienen vehículos porque para los que van en vehículos públicos el pasaje se ha incrementado", afirmó Gutiérrez.

Señaló que la Defensoría del Pueblo hizo una supervisión y constató que no hay vía alterna. "No se ha construido, que haya mecanismos para llegar, evidentemente no es que estén encerrados o capturados, pero ése no es el concepto, el concepto es que usted consesiona una vía y construye una vía alterna", dijo.

2.- No respeta el derecho a la información pública

El peaje de Puente Piedra no es transparente. Los vecinos y transportistas que quieran saber cuántos vehículos circulan y cuántos ingresos tiene el peaje no podrán hacerlo. Gutiérrez recordó que en el gobierno pasado se aprobó el Decreto Legislativo 1012 por el cual se establece que la información económica de este tipo de concesiones es reservada.

"Yo no puedo saber cuál es el flujo vehicular porque no es información pública, no puedo saber si hay 100 mil o 250 mil autos. Si solo fueran 250 mil, estamos hablando de una concesión que fácilmente podría llegar a los 14 o 15 mil millones de soles hablando en 30 años. No encuentro ninguna razón por la que esta información tenga que ser secreto de Estado", señaló.

3.- No es un monopolio

Gutiérrez sostuvo que "en el derecho administrativo hay lo que se llama el monopolio natural, un aeropuerto por ejemplo, y ese monopolio tiene que estar regulado, simularse una competencia".

Sin embargo, precisó:

"Una vía no es un monopolio natural porque está vinculado a otros derechos como el del libre tránsito. No se puede hacer una vía y partir un distrito, lo haces en la práctica pero debes hacer puentes peatonales, construir vías alternas porque todos tenemos derecho a movilizarnos sin que me obliguen a pagar".

4.- El contexto no es el mismo

El contrato con la concesionaria Rutas de Lima fue firmado con la Municipalidad Metropolitana de Lima en el 2013 durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán. En ese momento, no hubo protestas. El contexto social actual afecta a las condiciones del contrato, señaló el Defensor del Pueblo.

Gutiérrez recordó que "esta es una concesión de 13 distritos y, sin embargo, se deja extrañar la transparencia". "Este contrato pide a gritos una renegociación, son vinculantes y la Constitución los protege, pero todo contrato surge de un contexto, el contexto ha cambiado, hay que renegociar el contrato", señaló.

5.- La renegociación sí es posible

El Defensor del Pueblo señaló que si bien "la Constitución reconoce el carácter vinculante de los contratos", estos pueden renegociarse.

"De hecho, este contrato ya en más de una ocasión se ha postergado el cobro del peaje, de manera que no me digan que no se puede, en una circunstancia como esta, renegociar el contrato", dijo Gutiérrez en referencia al comunicado de la Municipalidad de Lima.

Explicó que se deben "compaginar" los derechos del contratista con los del ciudadano como consumidor. "Vamos a llamarla persona en el mercado, que también tiene derechos, esos derechos tienen que compaginarse, no podemos violar los contratos pero tampoco podemos ser indiferentes a los derechos de los ciudadanos porque se eligen personas para hacer obras para los ciudadanos", dijo.

El Defensor del Pueblo informó que se ha reunido con el presidente de Indecopi para buscar una solución por la vía legal a este conflicto social. "La Defensoría va a sacar un informe sobre este tema", dijo.

(Foto de portada: Agencia Andina)

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