Tras la agudización de las protestas en Puente Piedra debido a la instalación de una garita de peaje (a cargo de la concesionaria Rutas de Lima) que ha elevado las tarifas del transporte público, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, invocó a los manifestantes a que mantengan la calma y no cometan actos de vandalismo. 

"El derecho a la protesta debe ejercerse respetando la integridad de las personas, el libre tránsito, el derecho a la propiedad, es decir, compaginándolo con los demás derechos. En el momento en que [la protesta] se convierte en violenta deja de ser un acto legal para convertirse en un acto ilegal", expresó en Canal N.

El titular de la entidad pública manifestó que las protestas en Puente Piedra son la consecuencia de una problemática que ha cobrado más fuerza al no ser atendida a tiempo. En esa línea apuntó que entre los vecinos y los concesionarios no existe una institución que pueda funcionar como espacio de comunicación entre ambos. 


"Un poblador de Puente Piedra que sale con su vehículo ya no pagaba S/4.50 [de peaje] sino S/5.00. Y para regresar tenía que pagar otros S/5.00, con el agravante que no había una vía alterna inmediata. Esto afectaba el libre tránsito no solo de quienes tenían vehículos, sino de los que viajan en transporte público. Era evidente que esto iba a generar malestar. Por eso nosotros [ en un comunicado del 3 de enero] dijimos que eso, por lo menos debía suspenderse,". 

En ese contexto, hizo un llamado a la Municipalidad de Lima y al Indecopi para que aborden esta problemática y así llegar a una pronta solución. A su vez, aprovechó la entrevista para subrayar la necesidad de revisar "todas las concesiones" viales que despiertan malestar en los vecinos limeños.

Se agudiza la violencia

Durante las últimas horas, se ha agudizado el enfrentamiento entre manifestantes y miembros de la Policía Nacional. Los primeros han lanzado piedras a los agentes e incluso han prendido fuego a las garitas de control. No obstante, hay que mencionar que no todos los vecinos de la zona apoyan los actos de violencia. Varios de ellos han pedido que cesen los enfrentamientos. 

"Nosotros hicimos una marcha pacífica el 22 de agosto pero esto se ha desnaturalizado por una indiferencia de la Municipalidad de Lima", dijo Juan Valera, vecino de la zona, a Canal N. Agregó que tampoco la Presidencia del Consejo de Ministros acogió su pedido de revisar el contrato con la concesionaria Rutas de Lima.


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