Esta semana se conoció que el Congreso, dominado por el fujimorismo, ya tenía un nuevo procurador público, es decir, el funcionario que no solo deberá defender los intereses de este poder del Estado, sino también el que deberá denunciar ante las instancias correspondientes las eventuales irregularidades y actos ilícitos que cometan sus miembros. Es una obviedad, entonces, señalar que quien ocupe ese cargo debe ser un profesional independiente, sin vínculos con las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria.

Pero ese requisito no parece ser tan obvio para el fujimorismo, que hace y deshace en el Legislativo en virtud a su aplastante mayoría, que le dar un poder muy grande que llega incluso hasta la misma Casa de Pizarro. De otrao manera no se entiende cómo el Ejecutivo, en concreto el Ministerio de Justicia, nombró a Edwin Lévano como procurador del Congreso, a propuesta de la presidenta del Parlamento, la legisladora de Fuerza Popular Luz Salgado.

Lévano fue personero de Fuerza Popular y aportó a la campaña de Keiko Fujimori. Para más señas, también fue asesor principal del congresista fujimorista Julio Rosas. Todos estos antecedentes y detalles de su designación los revelaron el periodista Daniel Yovera y el portal Útero.pe, lo cual desató una serie de críticas y cuestionamientos, porque aunque no figure como militante, sus vínculos con el fujimorismo son flagrantes.

Pero en la tienda naranja ni si inmutan. El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Luis Galarreta, ha dicho que no hay ningún impedimento ético o legal para que Lévano asuma las funciones de procurador del Legislativo.

"No es un cargo que se le ocurre a la presidenta del Congreso o que lo designe un partido político", le dijo a El Comercio, en alusión a que el nombramiento lo hace el Ministerio de Justicia, lo cual es cierto, pero lo que no dijo es que toda la terna que Luz Salgado envió al Consejo de Defensa Jurídica del Estado estaba formada por personas vinculadas a Fuerza Popular. Por ejemplo, César Abdul Aliaga Castillo fue asesor de la bancada fujimorista y Giovanni Montani Arancivia fue personero legal del partido. Eran los otros dos nombres propuestos por Salgado.

Sea como fuere, este nuevo caso se suma a otros que revelan la forma en la que Fuerza Popular está copando puestos claves del Estado (ahí están José Chlimper, Elmer Cuba y Rafael Rey en el BCR; Víctor Shiguiyama Kobashigawa en la Sunat; y parece que Vladimiro Huaroc llegará a Petroperú) y capturando el poder a costa del gobierno de PPK, que hasta ahora no parece estar dispuesto a ponerle coto a esta situación, quizá porque sabe que necesita tener contentos a los fujimoristas para poder gobernar. El tema es hasta qué punto cederá en este juego de toma y daca con el fujimorismo, que parece estar dispuesto a exprimir a un gobierno débil para obtener el mayor jugo posible. Por ahora, las consecuencias de ese 'pragmatismo' para ejercer el poder de PPK son imprevisibles. Y por ahí que una primera señal se da con el tema de la eventual interpelación y censura al ministro de Educación, Jaime Saavedra. 

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