Que el Gobierno proteja a sus ciudadanos. Con este fin tan sencillo pero que a la vez parece resultar utópico en pleno 2016, Amnistía Internacional presentó oficialmente la campaña 'Máxima no está sola', con el fin de exigir al Ministerio del Interior que vele por la seguridad de la lideresa ambiental Máxima Acuña de Chaupe y su familia frente a los actos de intimidación y acoso que denuncia de manera constante.
'Máxima no está sola' se convierte en la primera campaña a favor de una mujer peruana que forma parte de la iniciativa global 'Escribe por los derechos', la misma que Amnistía Internacional realiza de forma anual y que ha conseguido grandes victorias en materia de derechos humanos en países como México, Estados Unidos y la República Democrática del Congo.
"El caso de Máxima Acuña es un ejemplo del acoso sistemático contra las defensoras de derechos humanos en el marco de proyectos de desarrollo en las Américas (...) Es necesario que se proteja a Máxima de cualquier tipo de acoso, amenaza, agresión o intento de desalojo forzoso", expresó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro.
Asimismo, hizo un llamado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente a las defensoras y defensores en riesgo de sufrir un ataque inminente, así como establecer salvaguardas específicas con el fin de evitar que el sistema de justicia se use indebidamente para obstaculizar o castigar el trabajo legítimo de los defensores.
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No habrá diálogo sin disculpas públicas de Yanacocha
En declaraciones a LaMula.pe, Máxima aclaró que no ha llegado a ningún acuerdo con la empresa Yanacocha y reiteró que lo único que pide junto a su familia es que se les deje vivir con tranquilidad.
"Nosotros hemos escuchado para ver qué dicen, pero nosotros no estamos aceptando ningún diálogo. Yo pido que salgan y pidan disculpas ante el público. Así como nos hicieron el problema a la luz de todos, así también que pidan disculpas y que dejen nuestras vías públicas. No debemos ser encerrados, que dejen de denunciarnos por defender nuestros derechos. Nosotros no estamos pidiendo dinero, ni cambios de nuestro terreno. Estamos buscando justicia, que las autoridades investiguen, vean y nos dejen vivir en paz, en tranquilidad".
Su abogada, Mirtha Vásquez, confirmó que la empresa ha buscado acercarse a Máxima, pero que tanto ella como su familia consideran 'una burla' que se pretenda iniciar un diálogo del modo en que lo está planteando, una estrategia que considera bastante 'torpe'.
"Una cosa que a la familia le ha parecido muy indignante es que lleguen funcionarios a su casa y directamente les propongan el tema de cambiar su terreno por otro, ofrecer dinero por este y también becas para sus hijos, o sea 'sacarlos de la pobreza' (...) La familia considera que la empresa no puede acercarse de esta manera sin haber antes pedido disculpas públicas por todos los daños que les han causado y por todo este tiempo de hacerles vivir una vida absolutamente indigna. La familia lo que ha contestado es que antes de evaluar la posibilidad de un diálogo se tendría que presentar esta condición de una disculpas públicas. (...) ellos consideran un insulto el que estén mandando a funcionarios que son los mismos que han dirigido los ataques contra Máxima, que la han difamado por los medios de comunicación, que han iniciado las denuncias judiciales contra ella".
Marina Navarro, por su parte, explicó por qué con esta campaña se dirigen exclusivamente al Poder Ejecutivo, aunque esperan que se sumen otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, que durante la gestión de Eduardo Vega se reunió con Máxima y se comprometió a darle seguimiento a su caso.
"En estos momentos estamos apuntando hacia el Poder Ejecutivo porque lo que estamos pidiendo es protección hacia Máxima. Esa protección la tiene que brindar el Ministerio del Interior. Queremos que se investigue lo que ha ocurrido en el pasado porque hasta ahora no tenemos ningún indicio de que se hayan realizado estas investigaciones. Al Ministerio de Justicia porque es el responsable de defender, proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos. Tiene que haber un apoyo público".
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