El proyecto de ley sobre las facultades al Gobierno para legislar en cinco materias será sometido este jueves a votación en el Pleno del Congreso, donde se da por descontado su aprobación, porque el texto del predictamen elaborado por la Comisión de Constitución recibió el respaldo del oficialismo y el fujimorismo en la sesión de este grupo del miércoles último.
Pero para lograr este consenso, el pedido inicial del Ejecutivo sufrió una serie de cambios en el camino. Desde que se presentó formalmente la solicitud, pasaron 20 días en los que los ministros tuvieron que sustentar las medidas sectoriales planteadas en 10 comisiones ordinarias del Legislativo.
El grueso de las modificaciones fueron impulsadas por la mayoría fujimorista que controla el Parlamento. El titular de Comisión de Constitución, Miguel Torres, dijo que sin estos cambios, candados y controles impuestos, la solicitud del Ejecutivo para legislar no habría sido aprobada.
Los cinco cambios clave
1. El tiempo para legislar. El plazo aprobado para que el Ejecutivo legisle será de 90 días para las cinco materias previstas: reactivación económica y formalización; lucha contra la corrupción; agua y saneamiento; seguridad ciudadana; y reorganización de Petroperú.
"Vamos a tener que trabajar más rápido", había dicho el presidente Pedro Pablo Kuczynski esta semana, cuando ya se sabía que no había consenso para el tiempo sea de 120 días como habían solicitado inicialmente.
2. La UIF. El fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue el tema que más resistencia generó en el fujimorismo. El pedido inicial del Ejecutivo tenía dos aspectos fundamentales: que esta entidad pueda acceder de manera expeditiva al secreto bancario y tributario para una lucha más efectiva del lavado de activos, y que esta información sea compartida con los organismos electorales, con la finalidad de evitar el dinero ilegal en las campañas políticas.
Sobre el primer punto, el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución establece que la autorización para levantar el secreto bancario la dé un juez de turno, y no un juez ad hoc, como planteaba el Gobierno, para que el trámite se pueda realizar en 24 horas.
El dictamen señala que la UIF podrá acceder al secreto bancario y tributario, "contando con autorización judicial de un juez penal, aplicando el sistema de recepción y distribución de los centros de distribución general o mesa de partes automatizadas del Poder Judicial".
Es decir, con la imposición del fujimorismo, el procedimiento quedará casi como está ahora, en el que se requiere la participación de un fiscal, quien hace el pedido, y de un juez, quien lo aprueba, trámite que puede demorar meses y limita el trabajo de la UIF. Las motivaciones que parecen tener en Fuerza Popular para rechazar esa facultad son conocidas.
La mayoría opositora naranja también descartó que la UIF comparta sus reportes con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como solicitada el Gobierno. En cambio, estableció que sea al revés: que la UIF pueda acceder a la información de los entes electorales.
3. Condonación de deudas tributarias. En este punto, el Ejecutivo planteaba que se extingan las acreencias menores a una UIT (Unidad Impositiva Tributaria), pero el dictamen restringe esta beneficio solo para las mypes, pymes y personas naturales.
4. Agua y saneamiento. En este tema, el Gobierno había planteado la creación de programas facultativos en esta áreas, pero en el dictamen final se denegó esta solicitud.
5. Rentas no declaradas. En este ámbito, el Ejecutivo había planteado un régimen especial para declarar y repatriar rentas no declaradas, pero el Legislativo fijó parámetros: un rango del Impuesto a la Renta (IR) de 10% a 12% para los que declaren y de 5% a 8% para repatriar e invertir en el Perú.
El candado
El punto de la reorganización de Petroperú, el dictamen aprobado señala que las facultades son para el fortalecimiento institucional de la petrolera estatal y garantizar la operatividad del Oleoducto Norperuano, pero "con sus propios recursos (...) sin que ello implique su privatización".
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