Los 52 indígenas, acusados por la muerte de policías en el Baguazo de 2009, han sido absueltos, este jueves, por la Sala Penal de Bagua. Es una sentencia histórica al considerar el pluralismo cultural y jurídico, pero las muertes de los policías no pueden quedar impunes, afirma el abogado de los indígenas, Juan José Quispe.

"El presidente de la Sala ha dicho que en el expediente no existen responsables y por eso ha absueldo a los 52 acusados. Hubiese sido importante que el tribunal establezca en la propia sentencia que debería proseguirse con la investigación para determinar a los verdaderos responsables de las muertes de los policías porque esto no puede quedar impune", dijo el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) en declaraciones a Canal N.

"Si bien es cierto nosotros como abogados de organismos de derechos humanos estamos contentos con una sentencia histórica, porque está bien fundamentada, pero también vemos la situación de los familiares de los policías y ellos también claman justicia. Por lo tanto, ahora compete a la Fiscalía y la Policía proseguir con las investigaciones ellos mismos para determinar a los verdaderos responsables de las muertes", afirmó.

El abogado del IDL precisó que aún queda una segunda instancia. "Son diez días que tienen el Ministerio del Interior, la Procuraduría y el Fiscal Superior de Bagua porque consideran que la sentencia no es adecuada. Será en diez días que ellos deberán fundamentar para que una de las Salas, de manera aleatoria, la que determine finalmente qué es lo que pasó en el caso Curva del Diablo", dijo.

Juan José Quispe resaltó que "se ha imputado indebidamente, en total, a 53 acusados. "Son 7 años y 4 meses en los que ellos han vivido a salto y mata, ha habido una desunión familiar, un gasto innecesario de dinero para el traslado para este juicio oral", explicó.

En este sentido, agradeció a la Iglesia Católica por su posición y ayudó para que los miembros de las comunidades indígenas acudan a este juicio y no tengan orden de captura. "Creemos que el Baguazo no se debe repetir nunca más y con esta sentencia una parte de la historia quede cerrada", agregó.


El Baguazo

El Baguazo es, hasta el momento, el peor conflicto socioambiental en Perú. Desde el 9 de abril hasta el 5 de junio del 2009, durante el gobierno del aprista Alan García, los pueblos indígenas awajún y wampis de Bagua protestaron para pedir la derogatoria de los decretos legislativos sobre la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Los indígenas denunciaron que se estaban violando sus derechos y reclamaron el cumplimiento de la Consulta Previa establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Lo más probable es que si el gobierno de Alan García hubiera respetado este derecho indígena se habría evitado el Baguazo y la muerte de 34 peruanos.


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