Esta madrugada volvió a ser encarcelado el exalcalde opositor venezolano Daniel Ceballos, quien fue privado de su libertad en 2014 luego de las protestas contra el régimen chavista de Nicolás Maduro, a quien diversos organismos internacionales acusan de violar los derechos humanos y acabar con las libertades democráticas e en el país.
Agentes del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) irrumpieron en su residencia, donde cumple casa por cárcel, mientras dormía junto a su familia, con la excusa de una "visita médica", denunció la esposa de Ceballos, Patricia Gutiérrez, la actual alcaldesa de la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira (oeste).
Con engaños lo metieron en una ambulancia. Ahí, los efectivos del servicio secreto venezolano mostraron la boleta de detención, reveló Gutiérrez en su cuenta de Twitter, donde compartió el documento en el que se lee que el opositor volverá a ser recluido en la Cárcel 26 de Julio, en San Juan de los Morros. Esta orden lleva la firma de la jueza Yosmar González.
El abogado de Ceballos, Juan Carlos Gutiérrez, rechazó la medida y aseguró que el arresto domiciliario no podía ser revocado ni modificado en perjuicio de su cliente al no existir riesgo de fuga. "El traslado de Daniel Ceballos a una cárcel constituye un eslabón más en la cadena de violaciones de derechos humanos en contra de los prisioneros de conciencia", agregó el jurista en Twitter.
Esta detención ha sido criticada por la mayoría de los dirigentes opositores de Venezuela, a través de las redes sociales, donde se convirtió en el tema más comentado de la jornada.
"Ceballos no tiene miedo, miedo tiene quien lo ordena, revoquemos a los delincuentes que gobiernan", sostuvo en Twitter el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.
Ceballos fue detenido en marzo de 2014 y condenado a 12 meses de prisión por desacato a una medida cautelar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Según el TSJ, el entonces alcalde no acató una sentencia que le obligaba a impedir la colocación de las barricadas que grupos que protestaban durante el primer semestre de ese año contra las políticas gubernamentales colocaron en el municipio.
Luego de cumplir esa condena, el TSJ informó que el funcionario continuaría preso por otra causa judicial que se le sigue por asociación para delinquir, relacionada también con esas protestas y que causaron, según cifras oficiales, 43 muertos y centenares de heridos y detenidos entre oficialistas, opositores y personas sin adscripción política aparente.
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