Mañana viernes 26, a partir de las nueve de la mañana en la Sala Penal Nacional (primera cuadra de la avenida Uruguay), se realizará la audiencia de "control de acusación" por el caso de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el penal El Frontón en junio de 1986, durante el primer gobierno del expresidente Alan García (1985-1990).
En dicha sesión, los abogados de los 33 acusados de realizar estas ejecuciones, entre estos el procurador de la Marina de Guerra, contralmirante Juan Vicente Cotera Chávez, sustentarán su defensa contra la imputación que realizó la fiscal Luz Ibáñez Carranza contra los responsables de estos hechos.
En representación de los familiares de las víctimas, estará los abogados Hernán Barrenechea, de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh); Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), entre otros.
Luego de esta sustentación, se pasará a la fase del juicio oral, en el que los 33 acusados, la mayoría de ellos integrantes de la Marina de Guerra, deberán responder por la represión a un amotinamiento de presos senderistas en el penal ubicado en la isla El Frontón, cerca del Callao, que dejó más de 130 víctimas mortales.
NINGÚN POLÍTICO IMPUTADO
Entre los responsables no figura ninguna autoridad política o militar de la época, como el expresidente García; su viceministro del Interior, Agustín Mantilla (fallecido en noviembre del año pasado); y el vicealmirante de la Marina, Luis Giampietri. Este último fue vicepresidente del líder aprista en su segundo gobierno (2006-2011).
Pese a que ni García y Giampietri están incluidos entre los acusados, la fiscal Ibáñez declaró hace tres semanas que "es perfectamente posible que se abran nuevas investigaciones si lo amerita el caso" al consultada sobre una posible inclusión de ambos personajes,
A inicios de este mes, fueron entregados los restos de siete de las víctimas a sus familiares, por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y se informó que en estos casos no se les halló documentos sobre procesos abiertos por terrorismo en los archivos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de la Policía Nacional.
Foto de cabecera: CVR.
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