El ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien anoche se declaró indignado por las presuntas ejecuciones extrajudiciales en la Policía denunciadas en Cuarto Poder y anunció una investigación, tendrá que poner orden en la Inspectoría General de la institución, porque esta instancia se estaría negando a colaborar con la indagación del Ministerio Público sobre estos casos.
El fiscal José Ulloa Gavilano, responsable de las pesquisas, inició su trabajo el 29 de marzo de 2015, tras la denuncia que la misma Inspectoría de la Policía realizó, y solicitó información sobre los oficiales y suboficiales que participaron en las acciones en que se eliminaron a sospechosos de pertenecer a bandas criminales, pero no ha tenido respuesta desde entonces, informó La República este lunes.
La Inspectoría policial informó al Ministerio Público el año pasado que 97 oficiales y suboficiales estaban involucrados en la muerte de 27 delincuentes entre 2012 y 2015: 18 en Lima, 5 en Chiclayo y 4 en Chincha. Desde entonces se iniciaron las indagaciones respectivas.
En un principio, Ulloa asumió la investigación de todos estos casos, pero luego se quedó solo con los cuatro operativos registrados en Lima, en los que murieron 18 presuntos delincuentes: el 11 de julio de 2012, en Santa Anita; el 18 de noviembre del mismo año, en Puente Piedra; el 9 de octubre de 2014, también en Santa Anita; y el 29 de junio de 2015, en El Agustino. El resto de casos se indagan en fiscalías de Chiclayo y Chincha.
El magistrado deberá determinar si en estos cuatro casos estuvo implicado el comandante Raúl Prado Rabines, como sostiene la Inspectoría. Este oficial es el jefe de un grupo especial de la Dirección de Inteligencia (Dirin) que estuvo a cargo de los operativos bajo sospecha.
Pero la investigación no puede avanzar porque la Inspectoría hasta ahora no envía al despacho del magistrado Ulloa todo el expediente y los actuados. "En realidad, no existe un verdadero compromiso de la Policía Nacional para colaborar con la justicia a fin de esclarecer los presuntos asesinatos extrajudiciales", dijeron a La República fuentes de la fiscalía.
Ulloa reiteró su pedido de información el pasado jueves 21 de julio, pero no obtuvo respuesta. ¿Qué alega Inspectoría? Que los agentes implicados no se presentan a brindar su manifestación, por lo que no pueden concluir con las investigaciones.
MOVIDAS SOSPECHOSAS
El primer informe que elaboró Inspectoría de la PNP sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales de delincuentes estuvo a cargo del coronel Edgar Aybar Canales, quien concluyó en su indagación que habían elementos de juicio para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, por infracciones graves y muy graves, contra 97 efectivos (17 oficiales y 80 subalternos).
El oficial recomendó que el caso se remita al Tribunal Administrativo Disciplinario del Ministerio del Interior, por tratarse de un tema complejo en el que habría hasta generales implicados. Así se hizo, pero el referido tribunal devolvió el expediente a la Inspectoría, en mayo de este año, tras tenerlo 11 meses encarpetado, informó La República.
El coronel Aybar recibió otra vez el caso, y cuando estaba apunto de pedir el pase al retiro de los implicados, fue reemplazado por el coronel Belermino Vásquez Guevara, quien desde entonces no movió un dedo.
Como se puede colegir, el flamante ministro del Interior, Carlos Basombrío, tendrá mucho trabajo para limpiar la Policía y su sector de malos elementos, enquistados en las más altas esferas del poder.
(Foto de cabecera: La República)
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