La última encuesta de CPI publicada este viernes muestra el mayor crecimiento de Keiko Fujimori en lo que va de la campaña electoral. El fujimorismo se asienta así como el partido político con mayor respaldo en el Perú, algo que resultaría impensable en otras realidades teniendo en cuenta -además de su evidente pasado- los constantes cuestionamientos a sus miembros, entre ellos hasta cinco congresistas que tienen actualmente investigaciones por el delito de lavado de activos.

Un informe de La República da cuenta hoy de los procesos investigatorios contra los congresistas reelectos Karina Beteta y Wuiliam Monterola Abregú, y los nuevos parlamentarios Modesto Figueroa y Marita Herrera Arévalo. Casos que se suman al más escandaloso de los últimos días: el del congresista y secretario general de Fuerza Popular en licencia, Joaquín Ramírez.

Karina Beteta

Según la publicación el caso de Beteta, congresista elegida por Huánuco, aún se encuentra pendiente de resolución que la Quinta Fiscalía Superior de Lima a cargo de Edwin Quiroz Vallejo, sobre el presunto delito de lavado de activos procedente del narcotráfico. Recuerda además que el cuñado de Beteta, Luis Egoavil García, "estuvo preso por narcotráfico y desapareció cuando se le inició un nuevo proceso por el mismo delito, dejando sus propiedades a su esposa, Lus Atencia Rubín, hermana de la fujimorista".

Pese a que Beteta lo niega todo hasta hoy, la procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo, ha señalado que existen evidencias que apuntan a que junto a su hermana constituyeron empresas con fondos del narcotraficante Egoavil. 

Wuilian Monterola Abregú

El parlamentario elegido por Huancavelica es investigado por la 48 Fiscalía Provincial Penal de Lima por lavado de activos, luego que en el 2015 el fiscal Marco Villalta Infante formulara una denuncia penal contra la su hermana, Rosa Monterola Abregú, y su sobrino, Julio Yreno Monterola, por haber actuado como sus testaferros.

La suma que habrían ocultado ascendería a casi 810 mil dólares en hipotecas y dación de pagos. Según señala La República, la misma Fiscalía ha tenido problemas para llevar adelante el procesos dada la condición actual de congresista de la que goza Monterola. El expediente se encuentra en manos del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

Modesto Figueroa

Los nuevos parlamentarios tampoco se salvan. Ya desde agosto de 2014 la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos está tras los pasos del único congresista fujimorista electo por Madre de Dios, Modesto Figueroa Minaya, al haber puesto el ojo sobre su considerable aumento patrimonial. Una historia que recuerda a la del también investigado Joaquín Ramírez, puesto que Figueroa empezó como vendedor ambulante, posteriormente se dedico a trabajar con mototaxis y pasó luego a ser dueño de media docena de grifos que suministran combustible a mineros ilegales en Puerto Maldonado, Masuko y San Sebastián. Se presume que su crecimiento sería producto del lavado de activos provenientes de la minería ilegal.

Marita Herrera Arévalo

Según informa el diario la parlamentaria elegida por Amazonas declaró en su hoja de vida que tenía ingresos por 4 mil soles mensuales, los mismos que no se justifican de acuerdo a "su participación en millonarias inversiones como empresaria del rubro de la construcción, así como en la compra de terrenos e inmuebles". Por lo que la Fiscalía Anticorrupción elevó el expediente a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.

Como decíamos líneas arriba, esto casos solo se suman a la ya conocida investigación y denuncias periodísticas en torno al actual parlamentario Joaquín Ramírez. Pero el informe va más allá y recuerda que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos inició hace poco una investigación contra la misma Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito Villanella. El fiscal Germán Juárez Atoche consideró que existen suficientes indicios respecto a Vito por la recaudación de terrenos sin contar con fondos y en el caso de la candidata presidencialpor los famosos cócteles recaudadores, "además de recibir aportes de la empresa LVF Liberty Institute, constituida por peruanos en Estados Unidos, para no identificar a los verdaderos aportantes". 

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