Se inició una investigación por parte de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima para hallar los restos de los estudiantes de La Cantuta asesinados por el grupo Colina, así como el del universitario Ernesto Castillo Páez.
Los familiares llegaron a encontrar los restos de cinco víctimas, pero hasta el día de hoy faltan encontrar los cuerpos de Dora Oyague Fierro, Armando Amaro Cóndor, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y el catedrático Hugo Muñoz Sánchez.
“La ciudadanía debe entender que no basta con la sanción penal, aquí hay un tema de fondo que es humanitario: los familiares tienen derecho al entierro de sus víctimas, para cerrar el dolor”, dijo Gisela Ortiz, hermana del estudiante Enrique Ortiz, a diario La República.
Lo dicho por Ortiz se refiere a que los responsables de los asesinatos ya han sido sentenciados, y ahora esta búsqueda de reparación y restitución tienen otro significado, esencial para los familiares.
“Imagínate, no enterrar a tu hija es una pena grande. Con tanto cariño que la he cuidado”, dice Pilar Fierro, madre de Dora Oyague.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado peruano en 1997 esta restitución, sin embargo han tenido que pasar 19 años para que la demanda de los familiares sea oída y puesta en acción.
El caso de Ernesto Castillo es la historia de un estudiante de la PUCP que fue desaparecido en Villa El Savador por la Policía Nacional, de la mano del sentenciado y ahora libre Juan Carlos Mejía León, el 21 de octubre de 1990.
El padre, Cronwell Castillo, ha dicho al medio citado que es cuestionable que cuatro de los policías implicados en este caso ya estén libres, mientras él aún no puede hallar a su hijo.
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