La ciudadanía está a la espera de que el Jurado Especial de Elecciones dé su fallo sobre el pedido de exclusión de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por supuestamente haber regalado dinero a ciudadanos durante una actividad el 14 de febrero en el Callao. La opinión de algunos analistas es que si el líder de Alianza por el Progreso, César Acuña, fue separado de la contienda electoral por la entrega de dádivas, Fujimori debería correr la misma suerte.
También se indica que si el líder de Todos por el Perú, Julio Guzmán, fue excluido por cuestiones administrativas, lo mismo tendría que ocurrir con el candidato de Alianza Popular, Alan García, ya que en noviembre pasado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que preside Francisco Távara, recibió un pedido de nulidad del proceso de elección del candidato aprista ya que los miembros de las instancias que participaron en la designación habían cesado en sus funciones.
Así, el JNE ha excluido por fallas administrativas y por entrega de dádivas.
"Este Jurado, torpe hasta en sus trampas se encuentra ahora enredado en sus propios nudos. ¿Excluirá a Keiko Fujimori y a Alan García por las mismas razones que se usó con Acuña y Guzmán? Si no lo hace, su parcialidad será patente, su desprestigio todavía mayor. Si excluye a los dos, es casi seguro que otros candidatos enfrentarán impugnaciones similares fundadas en el mismo principio, de que cualquier leve falla se castiga con la pena capital", llama la atención hoy el periodista Gustavo Gorriti, en un artículo publicado en la revista Caretas.
Y añade: "¿Pero no es acaso, exagerado, que por tonterías se haya confiscado el derecho al voto del 20% que declaraba su preferencia por Guzmán? Y si sacan (como debieran, de acuerdo con el ‘criterio’ del JNE) a Keiko Fujimori de las elecciones, la confiscación del voto subiría, sumando preferencias por Guzmán y Fujimori, al 50% de los votos".
Respecto de Fujimori, resalta que ésta fue denunciada de haber entregado dinero en el Callao, y hay videos que lo demuestran. "No es mucho, pero es suficiente y el precedente de Acuña no deja margen discrecional. 'La ley es la ley'”, anota.
En cuanto a García, recuerda que la aprista Ángela Valdez acudió al JNE y entregó un escrito en el que denunciaba que el CEN y la Comisión Política Nacional que eligieron como candidato al expresidente habían finalizado sus gestiones en marzo del 2014, por lo que -alega la militante y conocida crítica de García- habría usurpación de funciones, por lo que debería anularse la postulación del líder de la ahora Alianza Popular (PPC APRA).
Gorriti cuenta que cuando IDL-Reporteros le preguntó a Távara por ese documento, el funcionario dijo no recordar haberlo recibido. "Sin embargo, una breve verificación de IDL-R estableció que el 17 de noviembre del año pasado, la dirección de fiscalización del JNE envió copia de la denuncia al APRA; y el día siguiente, el 18, notificó a Ángela Valdez del envío de la denuncia al partido aprista. Desde entonces hasta ahora, la gestión permanece 'en trámite'. Es decir, en el limbo", explica.
Para Gorriti, este es un tema que va más allá de lo administrativo. "¿Por qué, mientras se decapitaba la candidatura de Guzmán por nimiedades administrativas, se ignoraba por completo este caso mucho más serio? ¿No era que a igual razón igual derecho; o a igual sinrazón parecida sanción? ¿No era que “la ley es la ley”?", vuelve a preguntarse el periodista.
Cabe indicar que la revista PODER también difundió documentos que confirman que en la inscripción de la Alianza Popular se cometió irregularidades, como por ejemplo que el Partido Popular Cristiano no llevó a cabo un Congreso Nacional Extraordinario para decidir sobre la alianza electoral con el partido aprista, como señalaban sus propios estatutos.
El Jurado tiene la palabra.
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