En las próximas horas el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sería detenido tras la orden de prisión preventiva dictada este jueves en su contra en medio de la investigación por supuestos delitos de lavado de dinero y falsificación de firmas.
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) pidió en ese sentido "respeto a la dignidad" del exmandatario, haciendo un llamado para que se cumpla el debido proceso y se garantice su derecho a la defensa.
La Secretaría General de Unasur -que agrupa a doce naciones- con sede en Quito, hizo este llamado de atención a través de sus cuentas en redes sociales, aunque no se publicaron más detalles.
Por su parte, el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) consideró que la solicitud de la Fiscalía de Sao Paulo contra el expresidente de encarcelar al líder sudamericano carece de "fundamentos"
"El pedido de prisión preventiva va en la línea de lo que venían haciendo el fiscal y sus aliados, sin pruebas, contra el presidente Lula", señaló en declaraciones a la prensa el actual presidente de la agrupación, Rui Falcao, tras una reunión en el Instituto Lula, desde donde se emitió hoy también un pronunciamiento acusando de parcialidad al fiscal detrás de la orden.
Falcao tildó la solicitud de la Fiscalía de "pedido desbocado", de "ignominia" y de atentado al "sentido común" y confió en que la Justicia "no atenderá el pedido".
Asimismo, se confirmaron movilizaciones en defensa del expresidente en todo el país para el 18 y 31 de marzo y se hizo un llamado para que sus simpatizantes no salga a las calles este domingo 13, cuando movimiento opositores tienen convocada una jornada de protesta contra el Gobierno.
Lula Da Silva afronta acusaciones de lavado de dinero y falsificación de documentos en medio de una investigación por un caso de corrupción paralelo al que busca esclarecer las irregularidades en la petrolera estatal Petrobras.
La Fiscalía de Sao Paulo lo acusa junto a su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, de ser los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, que está a nombre de la constructora OAS -implicada también en el escándalo de Petrobras- y cuya propiedad ha sido negada por el expresidente en reiteradas ocasiones.
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