A siete meses de que Ollanta Humala termine su mandato, la panorama político está 'picado' como un feroz mar. El mandatario salió al frente para defender a su esposa, Nadine Heredia, sobre el caso de las agendas. Argumentó que este tema ya está judicializado y señaló los documentos privados de la presidenta del Partido Nacionalista Peruano (PNP) sean devueltos. Por lo pronto, los peritos convocados han descubierto que en las agendas hay tres grafías más. ¿Acaso una de ellas será la del presidente, tal como lo señaló hace unos meses Hildebrandt en sus trece? Lo sabremos en febrero. Por otro lado, Humala dejó en claro al ministro de Defensa chileno que la creación del distrito La Yarada-Los Palos es irreversible.
El Comercio destaca las palabras del presidente de la República en defensa de la primera dama, Nadine Heredia. Humala indicó que en el caso de las agendas "no hay delito" y que también existe morbo periodístico. Sobre lo primero, el mandatario tiene razón en parte, hasta el momento no se ha probado delito. No obstante, debe investigarse sobre algunos montos considerables de dinero que se registraron en las mencionadas agendas. En cuanto al morbo, es verdad que algunos medios orientan su cobertura a este caso a partir del chisme y no de la investigación periodística.
Perú 21 también presta atención a las palabras de Humala. El presidente solicitó que se le devuelvan sus agendas a su esposa pero se negó a responder si su letra aparecía en dichos documentos. Sobre este caso tenemos una pregunta: ¿Por qué no se investiga el robo de las agendas? Es muy difícil creer que este robo fue 'espontáneo' y que no tuvo un cerebro político detrás.
Correo prefiere enfocarse en el impasse con Chile. El mandatario aclaró al ministro de Defensa chileno que el distrito La Yarada-Los Palos se encuentra en territorio peruano. ¿Escuchó señor José Antonio Gómez?
La República informa sobre la flamante Ley Servir. Según el diario, veinte entidades, entre organismos públicos y ministerios serán los primeros en adoptar este régimen. Esperemos que esta norma sea el primer paso para mejorar el funcionamiento del aparato estatal.
Gestión reporta sobre una grave denuncia. Un grupo de transportistas han sido acusados de concertar precios en desmedro de los usuarios quienes tienen que pagar exorbitantes precios por los pasajes.
[Foto de portada: Andina]
