El 22 de noviembre, en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno peruano promulgó la Ley N° 30364 con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Un mes después, especialistas afirman que esta norma dejaría desprotegidas a las denunciantes.
El Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) advierte que las mujeres que denuncien agresiones pueden quedar desprotegidas, ya que, señalan, en la Policía "no existe un consenso sobre las características de atestado que deben elaborar y remitir al Poder Judicial; incluso en algunas comisarías a nivel nacional no se reciben ni tramitan las nuevas denuncias".
Jeanette Llaja, abogada del Cladem señaló que “existe el riesgo de que la ley no se aplique adecuadamente porque se ha generado una incertidumbre en los operadores de justicia sobre la implementación”.
Además, la abogada señala que los juzgados mixtos y de familia no están en capacidad de atender los casos tal y como está previsto en la norma, considerando su carga procesal, horario de trabajo y el escaso personal con el que cuentan. "Tenemos un Poder Judicial colapsado, una policía no sensibilizada, las denuncias de las víctimas podrían rebotar y salir del proceso”, afirmó.
El Cladem advierte también que los Centros de Emergencia Mujer y los servicios de defensa de las víctimas del Ministerio de Justicia a nivel nacional no tienen los lineamientos para acompañar los casos.
“Ante esta situación, las mujeres víctimas de violencia que están acudiendo a las autoridades se encontrarán desprotegidas y en mayor riesgo, porque las instituciones que integran la ruta de atención, se han encontrado con un nuevo proceso de la noche a la mañana”, dijo Cynthia Silva, abogada de Cladem.
Silva señaló que "la falta de claridad, sumada a los prejuicios machistas que persisten en muchos operadores, puede provocar que no se atiendan los casos por considerar que no son graves y que no merecen atención prioritaria”. Por ello, sostuvo que es indispensable fortalecer el servicio de defensa y acompañamiento de las víctimas.
Por otro lado, el Cladem reconoce que la norma pretende agilizar el proceso, ya que ahora la denuncia pasa en solo 24 horas desde la Comisaría al Poder Judicial y el juez debe resolver la medida de protección en máximo 72 horas.
Los especialistas del Cladem Perú esperan que se adopten medidas urgentes como, por ejemplo, incluir un presupuesto adicional para la implementación de esta norma y se de un adecuado acompañamiento a las denuncias. También piden que se instruya al personal policial para que atiendan correctamente estos casos de violencia contra la mujer.
(JLPA / Foto de portada: Andina)
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