Las congresistas Carmen Omonte, de Perú Posible; y Ana Jara, de Gana Perú, fueron acusadas por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, debido a las irregularidades en la adquisición de más de ocho millones de pañales, durante sus períodos al frente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
El informe final de la comisión, presidida por el parlamentario Gustavo Rondón, recomienda acusar a Jara, quien fue ministra de la Mujer desde diciembre del 2011 hasta febrero del 2014, por los delitos de colusión agravada, omisión de funciones y malversación de fondos públicos.
En el caso de Omonte, quien sucedió a Jara en el cargo hasta febrero del 2015, solo fue acusada por el cargo de omisión de funciones. Además de las exministras, también fueron acusados otros funcionarios del MIMP de diversos delitos.
Tanto Omonte como Jara, que en varias ocasiones se acusaron mutuamente de tener responsabilidad en estos hechos, hasta ahora no se han pronunciado públicamente sobre la decisión de la Comisión parlamentaria. En el caso de la nacionalista, la noche se le viene, debido al reciente informe sobre los seguimientos a políticos a cargo de la DINI.
El informe ya ha sido enviado tanto al MIMP como al Ministerio Público, y debe ser debatido en el pleno del Congreso, para que apruebe o no las sanciones respectivas.
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