En el Congreso se dio una muestra más de que no hay una real voluntad política para realizar una verdadera reforma electoral, porque -como ya hemos explicado acá en LaMula.pe- los cambios que el Pleno aprobó a la Ley de partidos políticos son un burla.

Este martes, la sesión de este grupo de trabajo, que preside el oficialista Fredy Otárola, se suspendió porque -¡oh, sorpresa!- sus miembros no llegaron a un acuerdo  sobre temas clave de la reforma electoral como son democracia interna, el voto preferencial y el financiamiento público y privado de los partidos.

Así las cosas, estas medidas, que son las que reclaman los organismos electorales para tener campañas electorales mejor fiscalizadas y transparentes, no podrán ser debatidas en el pleno de este miércoles.

¿Cuál fue la excusa esta vez? Algunos integrantes de la comisión -como el fujimorista Julio Gagó- alegaron vacíos en el predictamen que, según dicen, deberán corregirse antes de que se lleve al Pleno, o de lo contrario votarían en contra.

LOS CAMBIOS PENDIENTES

Hay tres medidas claves para que haya una verdadera reforma electoral:

1. Legislar sobre el financiamiento de campañas electorales, para evitar que siga corriendo el dinero proveniente del narcotráfico, la minería ilegal o el contrabando.

2. Establecer sanciones efectivas para los partidos que no rindan cuenta de sus gastos.

3. Incluir a los organismos como el JNE, ONPE y Reniec como parte de los procesos de democracia interna para la designación de candidatos.

PIDEN OBSERVAR CAMBIOS

En tanto, el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Távara, advirtió que los cambios a la Ley de Partidos Políticos, aprobados por el Congreso el viernes pasado, podrían contener aspectos inconstitucionales, por lo que pidió al presidente Ollanta Humala observar la autógrafa.

El pedido se ha cursado mediante un oficio dirigido al mandatario, precisó el magistrado en una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por los titulares de los demás organismos que integran el Sistema Electoral.

Távara indicó que en la autógrafa de ley, remitida por el Congreso al Ejecutivo, se dispone que para presentar firmas destinadas a inscribir a un partido político ante el JNE, estas sean equivalentes al 4% de la cifra de electores a escala nacional, y ya no al 3%.

“Esa barrera podría tener visos de inconstitucionalidad, por limitar el derecho de participación política de quienes quieran fundar un partido”, alertó.

También cuestionó que en el rubro de impedidos de formar este tipo de grupo político se haya incluido a quienes son procesados por delitos de narcotráfico o terrorismo, pues estos aún no son sentenciados.

“Eso es discutible constitucionalmente y no podrá ser avalado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, remarcó el titular del máximo ente electoral.

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