Committee to Protect Journalist, una organización internacional que vela por la libertad de expresión de los periodistas en el mundo, hizo un completo informe sobre el caso del perodista Hugo Bustíos y su relación con el ex ministro Daniel Urresti. 

El trabajo elaborado por el periodista John Otis, corresponsal del CPJ para la región andina, da cuenta de los hechos relacionados al caso del periodista asesinado en 1988 y cómo esto ha repercutido en la sociedad civil y en la misma situación legal de Urresti tomando en cuenta sus intenciones de postular a la presidencia del Perú.

Aquí le dejamos parte del informe: 

Los aspirantes a la presidencia peruana están apurándose para recaudar dinero y obtener las candidaturas partidarias con vistas a las elecciones de abril de 2016, pero Daniel Urresti Elera enfrenta un reto adicional. Urresti, ex ministro del Interior y general del ejército que intenta postularse a la presidencia por el gobernante Partido Nacionalista, está sometido a juicio por el asesinato del corresponsal de guerra Hugo Bustíos Saavedra, ocurrido en 1988.

Bustíos era reportero de Caretas, el semanario de actualidad más influyente de Perú, y presidente de la Asociación Nacional de Periodistas en la ciudad de Huanta, asolada por la guerra y situada en la cordillera andina. El reportero con frecuencia escribía sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por ambos bandos durante la campaña de contrainsurgencia del gobierno contra la guerrilla de Sendero Luminoso. A Bustíos, de 38 años de edad, lo mataron el 24 de noviembre de 1988, en una emboscada en las afueras de Huanta.

El asesinato causó conmoción en Perú y en el exterior porque los testigos afirmaron que Bustíos y otro reportero herido en el ataque, fueron blanco deliberado de los disparos de una patrulla del ejército. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), junto a Human Rights Watch y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), interpuso el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 1997 halló al Estado peruano responsable del asesinato de Bustíos.

Pero al igual que la mayoría de las demandas relativas a violaciones de los derechos humanos durante la guerra, no hubo ninguna condena en el caso Bustíos, que durante muchos años estuvo pasando de manos entre tribunales de justicia militares y civiles.

Finalmente, en 2007, un tribunal peruano halló culpables del asesinato de Bustíos al comandante de la base militar de Huanta y a otro oficial, veredicto que fue ratificado al año siguiente por la Corte Suprema. La decisión pareció ponerle fin al caso, pero, en 2011, uno de los oficiales condenados implicó a Urresti, quien era el jefe de inteligencia de la base de Huanta en 1988. En febrero de 2015, Urresti fue acusado formalmente de asesinato. De ser condenado, Urresti podría ser sentenciado a una pena de hasta 25 años de cárcel.

Urresti, de 59 años de edad, insiste en su inocencia y atribuye el proceso judicial a una campaña llevada a cabo por organizaciones de derechos humanos y políticos rivales con el objetivo de aplastar sus ambiciones presidenciales.

"Hemos demostrado a lo largo de los años, por medio de testigos y hechos, que estas acusaciones son falsas", declaró Urresti al CPJ durante una entrevista de dos horas realizada en abril en Lima, la capital peruana. "No tengo nada que ocultar".

Independientemente de que Urresti sea o no hallado culpable, defensores de la libertad de prensa manifestaron al CPJ que se sienten esperanzados por el hecho de que el sistema judicial peruano, que ha sido perseguido por denuncias de corrupción y favoritismo político, esté intentando descubrir toda la verdad sobre del asesinato de Bustíos.

No sólo se trata del caso de asesinato de un periodista que causó gran conmoción, sino que Urresti es amigo del presidente Ollanta Humala, ex militar quien también hizo frente a acusaciones de violaciones de los derechos humanos. Es un mensaje a todos los peruanos, un mensaje firme en el sentido de que nadie es sagrado, sostiene Ricardo Uceda, director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), con sede en Lima.

"El asesinato de Bustíos es nuestro caso más importante y el hecho de que Urresti haya sido sometido a juicio por ello, demuestra que el sistema judicial puede funcionar", Uceda expresó al CPJ.