Después del inicio de operaciones de los corredores Tacna-Garcilaso-Arequipa y Javier Prado-La Marina, el siguiente iba a ser el de la Carretera Central en el marco de la reforma del transporte; sin embargo, hasta el momento no se ha fijado una fecha para su funcionamiento, se evalúa una posible adenda al contrato y solo se trabaja con uno de los consorcios que comenzó el proceso. 

Por ello, las empresas Inka Bus y Central Vías, que en marzo pasado perdieron la concesión por 10 años del mencionado corredor, exigirán a la Municipalidad de Lima una indemnización que superaría los US$30 millones, cifra que incluye la inversión en los cuatro paquetes adjudicados a las dos empresas, así como las utilidades que hubieran generado durante todo ese tiempo, según precisa Héctor Vargas, titular del primer consorcio.

Vargas, de Inka Bus, indicó a La República que su acción está motivada por el incumplimiento de Lima en la coordinación, notificación y salida de rutas tradicionales; la entrega del manual de operaciones y el establecimiento del sistema de recaudo. Todo esto tuvo que hacerse antes del 16 de marzo, fecha de cierre de contrato:

“Estas acciones debieron tomarse para viabilizar el proyecto de corredores y desaparecer la inseguridad jurídica que causó la ordenanza 1876. Esta última recién se modificó cuando ya se había dado el cierre de contrato. Ahí ya se había cometido el abuso contra Carretera Central”.

El asesor jurídico de Protransporte, Raúl Fernández, sostiene que Inka Bus y Central Vías quedaron fuera del proceso porque las cartas fianzas ya habían vencido -pese a que ya las había ejecutado- y no se presentaron a la fecha de cierre.

Al respecto, los consorcios indican que en ese momento las condiciones no eran las adecuadas y existía inseguridad jurídica, por lo que solicitaron ampliar el plazo. “Con qué seguridad íbamos a presentar una carta fianza de S/.10 millones, ¿qué banco nos la iba a dar?”, dice Vargas.

“Tienen el legítimo derecho de hacer su reclamación ante órganos jurisdiccionales. Seguimos en conversaciones y esperemos llegar un acuerdo, sin pasar por un proceso judicial o arbitral”, respondió por su parte Fernández.

Actualmente, el proceso en la Carretera Central se viene desarrollando con un solo paquete y contrato firmados a manos del Consorcio de Transportistas Carretera Central (Contranscar), mientras que Protransporte asegura que se trabaja una adenda para subsanar incongruencias y establecer una fecha de preoperación.

DATOS

- El recurso que interpondrá las empresas Inka Bus y Central Vías será a través de un arbitraje que iniciará entre fines de este mes y la quincena de septiembre en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de PUCP.

- Luis Quispe Candia, de la ONG Luz Ámbar, precisa que el pago por arbitraje provendría de recursos de la ciudadanía, como los tributos, y en lugar de aplicarlo, recomendó una mesa de diálogo.

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Con información y foto de cabecera de La República