Llegó el día. El Congreso mexicano aprobó hoy una polémica reforma que abre el sector energético a la inversión privada en la extracción de hidrocarburos del subsuelo. Así, con 354 votos a favor y 134 en contra, la Cámara Baja dio luz verde a los cambios constitucionales que los senadores habían aprobado apenas 13 horas antes. 

Más de seis horas de debate dan luz verde a la inversión privada extranjera luego de siete décadas de control estatal, con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI Gobierno), el Partido Acción Nacional (PAN Derecha), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.

La reforma energética no está ausente de pasiones y resistencias. La jornada ha estado marcada por la toma de la tribuna y el atrincheramiento de algunos diputados de izquierdas que buscaban impedir que el debate se realizara.

“No se salvarán del juicio de la historia porque lo que están haciendo no tiene nombre, es una canallada, es una infamia, es una traición a la patria y así se van a quedar etiquetados, ¡traidores a la patria!”, señaló el diputado Ricardo Monreal de Movimiento Ciudadano a los legisladores del PRI y del PAN. 

Y es que, a pesar de que el Gobierno insiste en que no se trata de una privatización y que los "recursos energéticos y la renta petrolera seguirán siendo propiedad de todos los mexicanos", los diputados de Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano consideran que el Estado perderá la rectoría de la industria energética nacional. 

Por el momento, la histórica reforma energética supera obstáculos y continúa su camino legislativo rumbo a la promulgación. Ahora tiene que ser ratificada por al menos 17 de los 32 poderes legislativos de los estados porque incluye cambios a tres artículos de la Constitución.

Un ambicioso plan

El texto aprobado presenta una propuesta mucho más codiciosa de la que inicialmente anunció el presidente en agosto, que solo incluía contratos de utilidad compartida para asegurar la propiedad de los hidrocarburos al país.

Ahora, la iniciativa prevé la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y establece que el Gobierno podrá celebrar contratos de servicios, utilidad y producción compartida, así como de licencias con compañías del ramo energético. 

Además, las empresas que participen en la extracción de hidrocarburos podrán reportar los beneficios que esperan obtener de sus negocios energéticos en el país en sus estados contables, siempre y cuando quede establecido que estos hidrocarburos son propiedad de la nación, señala le texto.

Ésta reforma es la última contemplada en el Pacto por México, un acuerdo entre los principales partidos que ha dado al país importantes reformas en materia fiscal, de educación y telecomunicaciones.

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