Mirko Lauer en su columna de hoy escribe sobre la denuncia que realizó el sociólogo Jaime Antezana en una revista local sobre los 'narcocongresistas' y como esto repercute en la ya manchada imagen política nacional y en general a las bancadas afectadas que son el Apra, Gana Perú, Fuerza Popular y Perú Posible.

Finalmente, ¿éstos congresistas de la 'lista blanca' serán separados del Parlamento?

Lea aquí la columna publicada en La República

El aporte de Antezana

Luego de un tiempo en el limbo, la denuncia de Jaime Antezana sobre la existencia de casi doce congresistas narcoinfluidos ha vuelto a los medios con cierta fuerza. El limbo lo produjo él mismo al querer poner sus evidencias en manos del procurador especializado, una iniciativa que no dio fuego. Ahora la cosa se ha vuelto periodística.

La denuncia es bastante menos espectacular de lo que Antezana cree. En parte porque ya hemos visto narcocongresistas antes. En parte porque su alegato va más por el lado de la acusación que de la prueba, un modus investigandi del que el público ya está algo cansado. En términos judiciales, e incluso periodísticos, va a tener que presentar un poco más.

Sin embargo el sociólogo está apuntando a un aspecto importante, que cae de lleno dentro de su especialidad profesional: la política electoral en las zonas dominadas por el narcotráfico. En otras palabras, ¿es posible que surja un representante de estas zonas totalmente libre de contacto con el narcotráfico ambiente?

Sabemos que cocaleros y traficantes tienen un vivo interés en acopiar peso político que los defienda llegado el momento. En el caso de los cargos electivos, esto significa lanzar sus propios candidatos, apoyarlos en la campaña, y después. Aceptemos que no siempre ganan la elección. Pero es difícil imaginar que se pueda vencer candidateando contra la coca.

Luego está el efecto viral. El dinero del narcotráfico circula por toda la economía regional, y ha demostrado no ser fácil de diferenciar del otro dinero. Sobre todo porque los traficantes buscan articularse a negocios legales, para camuflar sus ingresos, para expandirlos, y también para ganar un tipo de legitimidad que también es útil.

Esta situación complica las cosas. Pues un ambiente narcotizado se presta al argumento defensivo del contacto inconsciente, involuntario, o incluso inevitable con alguien del negocio ilegal. Sobre todo cuando no se puede reclamar a todos que sean luchadores contra el narcotráfico en su localidad. Bastante sería que se logren mantener al margen. Hay casos.

De modo que hay algo de ingenuidad en un sistema que trata las zonas cocaleras y del narcotráfico como distritos electorales totalmente iguales a los demás. Pues es casi inevitable que ellas produzcan representantes con raíces en el negocio ilegal. Deliberadas o inadvertidas, frondosas o delgadas, pero raíces de todos modos.

La denuncia específica de Antezana puede resultar valiosa, pero una limitante es que alude a hechos consumados. Más bien se precisa algún juego de normas que se adelante a los hechos e impida el avance de la narcopolítica. Es cierto que no solo en las zonas cocaleras hay narcotráfico activo; pero es allí donde se viene dando la mayoría de los casos sospechosos.

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