La presidenta Keiko Fujimori anunció el 26 de octubre un operativo simultáneo para desmantelar antenas y estaciones clandestinas de telecomunicaciones instaladas en los alrededores de establecimientos penitenciarios. La intervención, coordinada por el Comando Unificado y con participación de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio Público, busca impedir que los internos mantengan conexiones que puedan utilizarse para coordinar extorsiones y otros delitos.
«El orden vuelve y el control de las cárceles se va a retomar», afirmó la mandataria al presentar la operación. También anunció que las intervenciones se extenderán a otros establecimientos penitenciarios y que se realizará un monitoreo constante a escala nacional.
Según el balance oficial publicado por El Peruano, las intervenciones se realizaron en los alrededores de los penales Ancón I, Piedras Gordas II, Sarita Colonia, en el Callao, y Andahuaylas, en Apurímac. Las autoridades informaron del retiro de siete torres, 33 antenas y otros equipos de telecomunicaciones. El MTC señaló, además, que había identificado ocho estaciones y 43 antenas en las zonas intervenidas.
La pregunta es si esta operación permitirá reducir las extorsiones o si su impacto se limitará a la infraestructura detectada. La diferencia es importante: una intervención puede ser operativamente útil sin que todavía exista evidencia de que ha reducido el delito.
Dimitri Senmache: retirar antenas no es desmantelar una organización criminal
El exministro del Interior Dimitri Senmache A. reconoció la importancia del operativo, especialmente por la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad, el sistema penitenciario y las autoridades de telecomunicaciones. Sin embargo, en su análisis planteó una distinción fundamental para evaluar los resultados: el retiro de infraestructura es un producto inmediato de la intervención, mientras que la reducción de las comunicaciones criminales y de las extorsiones es el resultado que debe comprobarse.
Senmache sostiene que una antena clandestina no es el problema en sí mismo, sino parte de una infraestructura que puede facilitar comunicaciones no autorizadas. Desmantelarla puede dificultar la coordinación de las redes delictivas, pero no demuestra automáticamente que estas hayan perdido su capacidad de operar.
«No debemos confundir el desmantelamiento de una antena con el desmantelamiento de una capacidad criminal», plantea el exministro. La infraestructura es un medio; el objetivo de la política de seguridad debe ser neutralizar las organizaciones que la utilizan.
Desde esa perspectiva, la intervención debe evaluarse en tres niveles: la infraestructura retirada, la capacidad de las organizaciones criminales para mantener sus comunicaciones y el efecto final sobre delitos como las extorsiones, las amenazas y el sicariato.
El análisis de Senmache también destaca el valor preventivo de la operación. Si las autoridades consiguen interrumpir las comunicaciones utilizadas para coordinar delitos antes de que estos se ejecuten, la intervención puede contribuir a reducir riesgos para la ciudadanía. Sin embargo, ese efecto debe sustentarse en evidencia técnica y operativa, no solamente en el número de equipos incautados.
El riesgo: que las redes criminales encuentren otras vías de comunicación
Uno de los principales límites de la medida es que las organizaciones criminales pueden intentar sustituir la infraestructura retirada por otras tecnologías, dispositivos, intermediarios o canales de comunicación.
Senmache advierte que la seguridad penitenciaria no termina en los muros de una cárcel. También depende de las condiciones del entorno: las instalaciones de telecomunicaciones, los inmuebles utilizados como soporte logístico, las rutas de acceso, los flujos de dinero y las posibles conexiones entre actores externos e internos.
Por eso, plantea que el Estado debe pasar de los operativos extraordinarios a un sistema de vigilancia tecnológica permanente. Esto supone realizar inspecciones periódicas, verificar la eficacia de los bloqueadores de señal, detectar nuevas instalaciones y responder rápidamente ante indicios de reinstalación o sustitución de equipos.
El exministro también considera que la intervención debe abrir investigaciones para identificar a quienes financian, instalan, mantienen o utilizan las estaciones clandestinas, así como posibles redes de apoyo logístico y actos de corrupción. Los equipos incautados pueden aportar evidencia, pero su decomiso no debe convertirse en el punto final de las investigaciones.
Las responsabilidades, además, deben individualizarse y acreditarse con pruebas, respetando el debido proceso. La presencia de equipos ilegales en un inmueble no basta, por sí sola, para establecer la responsabilidad penal de su propietario.
Las cifras del operativo requieren una explicación
Hay otro aspecto que merece seguimiento periodístico. Durante el anuncio del 26 de octubre, Keiko Fujimori habló de 48 estaciones y 43 antenas. Posteriormente, la información publicada por El Peruano consignó ocho estaciones y 43 antenas identificadas, mientras que el balance de las intervenciones informó el retiro de siete torres y 33 antenas, además de otros equipos.
Estas cifras podrían corresponder a distintas etapas, categorías o ámbitos de intervención. Sin embargo, la información difundida no permite establecer con certeza cómo se relacionan entre sí.
El MTC debería publicar un balance consolidado que distinga las instalaciones identificadas, las estaciones inspeccionadas, las antenas desmontadas y los equipos incautados. También tendría que precisar cuántas de estas instalaciones permitían efectivamente transmitir comunicaciones hacia los penales y qué evidencia técnica sustenta esa conclusión.
La consistencia de los datos es importante para medir el alcance de la intervención y evitar que las cifras de actividad operativa se presenten como prueba de resultados que todavía no han sido demostrados.
¿Qué debe hacer el Gobierno para demostrar que funciona?
El análisis de Senmache propone convertir el operativo en una política permanente con responsabilidades definidas, coordinación institucional y resultados públicos verificables. Entre las medidas que plantea destacan un mapa nacional de riesgo de telecomunicaciones penitenciarias, la vigilancia tecnológica continua, la investigación de las redes de apoyo y una auditoría de los sistemas de control y bloqueo.
Para evaluar la efectividad de la intervención, el Gobierno debería publicar indicadores periódicos que permitan responder al menos cinco preguntas:
¿Cuántas instalaciones ilegales fueron neutralizadas? El balance debe diferenciar las identificadas de las efectivamente intervenidas y desmontadas.
¿Se interrumpieron las comunicaciones ilícitas? Las autoridades deben presentar mediciones técnicas que permitan comprobar si los equipos retirados dejaron de transmitir hacia los penales.
¿Se restablecieron las conexiones? La vigilancia posterior debe detectar la reinstalación de antenas o el uso de otras tecnologías.
¿Se identificó a las redes responsables? Las investigaciones deben determinar quiénes financiaron, instalaron o utilizaron la infraestructura y establecer sus posibles vínculos con delitos.
¿Disminuyeron las extorsiones? Es necesario comparar la evolución de las denuncias y otros indicadores delictivos antes y después de la intervención, considerando las diferencias entre territorios y las acciones de seguridad ejecutadas simultáneamente.
Una disminución de las denuncias tampoco demostraría, por sí sola, que el delito cayó en la misma proporción: las variaciones pueden reflejar cambios en la disposición de las víctimas a denunciar. Por ello, la evaluación debe considerar distintas fuentes de información y periodos comparables.
¿Propaganda o una medida efectiva contra el crimen?
La presentación pública del operativo y las declaraciones de la presidenta no permiten determinar, por sí solas, si la medida tiene un impacto propagandístico predominante o si logrará reducir las extorsiones. Una intervención puede producir imágenes de autoridad y, al mismo tiempo, tener utilidad operativa.
Lo que sí puede evaluarse es la distancia entre el anuncio y los resultados comprobables. La operación intervino sobre una vulnerabilidad concreta: la infraestructura externa que puede facilitar comunicaciones no autorizadas hacia los establecimientos penitenciarios. Pero el Gobierno todavía debe demostrar cuánto afectó esa intervención a las capacidades de las organizaciones criminales y si produjo una reducción de los delitos asociados.
La advertencia de Senmache apunta precisamente a ese desafío: el Estado no puede limitarse a retirar equipos. Necesita sostener el control tecnológico, cerrar las vías de acceso a dispositivos prohibidos dentro de los penales, investigar las redes de apoyo y coordinar la inteligencia penitenciaria, policial y fiscal.
El Gobierno anunció que los operativos serán constantes. Esa promesa permitirá evaluar su cumplimiento en las próximas semanas y meses.
La prueba no estará únicamente en cuántas antenas se derriben, sino en si las conexiones ilegales dejan de funcionar, si las redes que las utilizaron son investigadas y si las extorsiones disminuyen de manera verificable.
El operativo es el punto de partida. El resultado que importa es que las organizaciones criminales pierdan capacidad para delinquir y que la ciudadanía esté más segura.