El abogado laboralista y exministro de Trabajo, Christian Sánchez, cuestionó el proyecto mediante el cual el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori busca que el Congreso le delegue facultades legislativas en diversas materias, entre ellas la laboral, al considerar que se trata de una iniciativa que revela "la verdadera cara política del nuevo Gobierno" y que "bordea con el autoritarismo".
En entrevista con LaMula.pe, Sánchez sostuvo que la exposición de motivos del documento coincide con los planteamientos que el actual ministro de Economía, Elmer Cuba, ha defendido públicamente en el pasado, como socio de Macroconsult.
"No es un simple borrador"
Las declaraciones de Sánchez se producen luego de que el ministro de Trabajo, Juan Sheput, afirmara este jueves en RPP que el documento filtrado corresponde únicamente a un "borrador de discusión" y que aún no existe una decisión sobre reformas como la eventual reducción de feriados.
Al respecto, cabe precisar que el texto filtrado proviene de la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV), una instancia oficial del Poder Ejecutivo donde los ministerios presentan y validan técnicamente las propuestas normativas antes de que sean elevadas al Consejo de Ministros.
"No es un simple proyecto o informe. Es un documento que está siguiendo el proceso de validación interna en el Poder Ejecutivo", comentó Sánchez.
Incluso sostuvo que, por su origen institucional, el documento "expresa la voluntad del Gobierno", aunque todavía no haya sido aprobado formalmente por el Consejo de Ministros ni remitido al Congreso.
¿Nuevo Fujishock?
Sánchez advirtió que la intención de solicitar facultades legislativas para modificar aspectos centrales de la legislación laboral recuerda el proceso seguido durante el gobierno del exdictador Alberto Fujimori.
"Esto ocurrió en los noventas. La mayoría de decretos legislativos sobre trabajo, los que restringieron la negociación colectiva, todo ese paquete fue un paquete de decretos legislativos de los años noventa", recordó al hacer referencia al denominado "paquetazo" impulsado en 1991 por el entonces ministro de Economía, Carlos Boloña.
"¿Ese error se quiere volver a cometer?", cuestionó.
"Se quiere cambiar casi todo"
El exministro sostuvo que una delegación de facultades para modificar materias tan sensibles como el régimen laboral exige un amplio debate parlamentario y social.
"Una cosa es pedir facultades para situaciones determinadas que requieren urgencia o inmediatez, pero ahora se quiere cambiar casi todo", afirmó.
En ese sentido, consideró que la iniciativa "bordea con el autoritarismo".
"La vía democrática es la parlamentaria para debatirlo", enfatizó.
"El problema es el debate público"
Sánchez sostuvo que el problema de fondo no radica únicamente en la solicitud de facultades, sino en la forma en que se pretende impulsar una reforma laboral.
"El problema es el debate público, el debate democrático, donde todos puedan ser escuchados", indicó.
Agregó que la discusión sobre derechos laborales no puede quedar reducida al ámbito interno del Poder Ejecutivo.
"Eso de decir que es un proyecto no es la forma de los actos funcionales. Se van revelando los verdaderos rasgos de cómo se va a hacer política en los próximos cinco años", sostuvo.
Para el exministro, lo que revela este episodio es un determinado modelo de ejercicio del poder.
"Este nuevo rostro, lo que aparece es un modelo de gobernanza. La cuestión es más profunda, no es tan sencillo como dar facultades; acá hay gente legislando que no vemos, en algo tan delicado", afirmó.
"Esto debería pasar por las comisiones"
Una vez presentado oficialmente por el Ejecutivo, el proyecto de pedido de facultades legislativas deberá ingresar a la Cámara de Diputados.
"No sabemos qué va a pasar ahí", comentó Sánchez.
El exministro agregó que la propuesta debería ser debatida por las comisiones competentes antes de llegar al Pleno.
"Esto debería pasar por las comisiones de asuntos constitucionales y por las comisiones competentes: Economía, Trabajo, Salud, Justicia, etcétera; salvo que le den trámite preferencial", indicó.
Asimismo, cuestionó la falta de transparencia respecto a la elaboración del documento.
"Esto no lo han preparado ayer. Esto lo han preparado desde que ella sabía que iba a ser presidenta de la República", sostuvo.
"¿Qué asesores externos están elaborando estas reformas? No hay transparencia ni control", añadió.
También expresó preocupación por el debate que se desarrollará en el Parlamento.
"¿Cuántas voluntades cambiarán de parecer?", preguntó.
"Los derechos deben debatirse a la luz"
El exministro consideró que corresponde a los congresistas establecer los límites de una eventual delegación de facultades.
"Los congresistas tienen que expresar sus objeciones, sus pareceres, los límites que debe tener el Ejecutivo en un Estado de derecho", afirmó.
Al mismo tiempo, pidió que participen activamente los sectores que podrían verse afectados.
"Los grupos que podrían verse afectados, como los jóvenes, deberían actuar", sostuvo.
Añadió que las organizaciones sociales y los trabajadores no deben permanecer al margen de una discusión de esta naturaleza.
"La voz de quienes se ven excluidos del debate parlamentario, sometidos a decisiones sobre temas álgidos, relevantes, que pueden perjudicar derechos, debe expresarse. Tienen cosas que decir. ¿Prefieren que se haga en la penumbra o se haga bajo la luz?", preguntó.
Finalmente, insistió en que las reformas relacionadas con derechos fundamentales requieren el mayor nivel posible de deliberación democrática.
"Los temas vinculados a derechos deben pasar por el máximo debate de esclarecimiento, contrapuntos de pareceres", afirmó.
"Es una receta fallida"
Sánchez también cuestionó el enfoque económico que, a su juicio, inspira las propuestas laborales contenidas en el documento filtrado.
"Es una receta fallida: reducir derechos para formalizar el empleo", señaló.
El abogado explicó que este enfoque responde a lo que denomina "formalización espuria", concepto con el que describe aquellas políticas que reducen estándares de protección laboral con el objetivo de incrementar artificialmente las cifras de empleo formal.
Según explicó, en lugar de elevar la productividad y promover empleos con los estándares de trabajo decente impulsados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estas medidas terminan institucionalizando formas de precarización laboral bajo la apariencia de formalidad.
"Es más fácil reducir derechos y afectar estándares de protección, más aún cuando los trabajadores no están organizados, que elaborar políticas de mejora de la productividad. Pero suele ser más impopular y un gobierno que recién empieza pretende entrar ya en ese conflicto. Es un suicidio político", concluyó.
Lee el documento aquí:
-
