La Municipalidad Metropolitana de Lima negó la autorización solicitada por el partido Juntos por el Perú (JP) para realizar su mitin de cierre de campaña en el centro histórico de la capital, una decisión que fue rechazada por el candidato presidencial Roberto Sánchez, quien la calificó como una medida que afecta el derecho a la participación política en plena recta final de la segunda vuelta electoral.
La controversia se produjo a pocos días de las elecciones presidenciales del 7 de junio y ha colocado en el centro del debate el rol que deben cumplir las autoridades locales durante los procesos electorales.
Según informó la Municipalidad de Lima mediante un comunicado oficial, la solicitud presentada por la organización política no cumplía con los requisitos exigidos para la realización de eventos masivos en espacios públicos del centro histórico.
La comuna argumentó que la actividad planteaba riesgos relacionados con la seguridad ciudadana, el tránsito vehicular y peatonal, así como con la protección del patrimonio cultural de la ciudad. Asimismo, señaló que la evaluación técnica correspondiente concluyó que no existían condiciones adecuadas para autorizar la concentración en el lugar solicitado.
Tras conocerse la decisión, Roberto Sánchez difundió un pronunciamiento público en el que expresó su rechazo a la medida y sostuvo que se trata de una decisión “desproporcionada” que limita el ejercicio de derechos políticos durante una campaña electoral.
“No pedimos privilegios. Exigimos igualdad de condiciones democráticas”, señaló el candidato presidencial de Juntos por el Perú.
Sánchez afirmó que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que todas las organizaciones políticas puedan dirigirse libremente a la ciudadanía, siempre dentro del marco de la ley y respetando las condiciones de seguridad.
El postulante también indicó que prefiere pensar que la decisión fue adoptada por funcionarios municipales y no directamente por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, a quien exhortó a revisar el caso.
“Invoco al alcalde de Lima a revisar esta decisión con sentido democrático y corregir este abuso institucional en el más breve plazo”, manifestó.
El candidato añadió que su agrupación responderá por vías democráticas y pacíficas, sin generar situaciones de confrontación o desorden público.
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¿Qué es la neutralidad electoral?
La neutralidad electoral es el deber que tienen las autoridades, funcionarios y servidores públicos de actuar con imparcialidad durante un proceso electoral. Este principio busca garantizar que los recursos, bienes y competencias del Estado no sean utilizados para favorecer o perjudicar a ninguna candidatura u organización política.
La legislación peruana prohíbe que funcionarios públicos empleen su cargo, infraestructura estatal, presupuesto o influencia institucional para intervenir en la competencia electoral. Asimismo, exige que las decisiones adoptadas por las entidades públicas durante una campaña estén debidamente justificadas y respondan exclusivamente al interés público, evitando cualquier apariencia de favorecimiento político.
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