El Ministerio de Educación (Minedu) derogó oficialmente los “Lineamientos de Educación Sexual Integral para la Educación Básica”, vigentes desde 2021, y aprobó un nuevo marco denominado “Lineamientos para la Educación Sexual con base científica, biológica y ética”, en cumplimiento de la Ley N.° 32535, impulsada desde el Congreso por la bancada de Renovación Popular.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.° 085-2026-MINEDU, publicada el 15 de mayo y firmada por la viceministra de Gestión Pedagógica encargada, Sandra Ramírez Méndez.
La resolución dispone, en su artículo primero, derogar la Resolución Viceministerial N.° 169-2021-MINEDU, que aprobaba los lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI), y en su artículo segundo aprueba el nuevo documento pedagógico que deberá aplicarse en colegios públicos y privados de educación básica.
Además, el nuevo marco normativo ordena que el Currículo Nacional de Educación Básica y los currículos regionales eliminen toda referencia a la ESI, en cumplimiento de la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32535.
¿Qué cambia con la nueva norma?
El Minedu sostiene que el nuevo enfoque priorizará contenidos relacionados con anatomía, reproducción humana, prevención de infecciones de transmisión sexual, autocuidado y toma de decisiones responsables. Según el documento oficial, el objetivo es implementar una educación sexual “pertinente, progresiva y oportuna” basada en criterios “científicos, biológicos y éticos”.
A diferencia de los lineamientos de ESI aprobados en 2021, el nuevo documento ya no incluye referencias explícitas a diversidad sexual, identidad de género u orientaciones sexuales, temas que sí formaban parte del enfoque integral previo.
El exministro de Educación Ricardo Cuenca cuestionó el cambio y sostuvo que el nuevo enfoque no responde a una evaluación técnica de resultados, sino a una decisión política derivada de la Ley 32535.
“El cambio parece técnico. No lo es. La nueva política redefine qué violencias reconoce el Estado y cuáles deja de proteger”, escribió Cuenca en sus redes sociales.
El exministro recordó que los lineamientos de ESI aprobados durante su gestión “se sustentaban en evidencia internacional, un diagnóstico técnico y un marco de derechos”, mientras que la nueva norma “surge de un mandato político: la Ley 32535 ordena eliminar toda referencia a la educación sexual integral”.
Cuenca también criticó que el nuevo documento cree una denominación “sin antecedente internacional”: Educación Sexual con base científica, biológica y ética (ES-CBE).
“UNESCO, UNFPA y OPS siguen usando educación sexual integral. Cambiar el nombre no es actualizar el concepto. Es reemplazarlo”, afirmó.
Violencia sexual y embarazo adolescente
Pese al cambio de enfoque, el propio texto aprobado por el Minedu reconoce que en el Perú persisten graves problemas que afectan especialmente a niñas y adolescentes, como violencia sexual, explotación sexual, embarazos adolescentes, matrimonios y uniones infantiles forzadas, violencia en relaciones afectivas y abandono escolar.
El documento oficial cita cifras del Programa Warmi Ñan, según las cuales en 2025 se atendieron 21,609 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes menores de 17 años, de los cuales el 91 % correspondía a mujeres.
Asimismo, el Minedu señala que en 2025 se registraron 37,708 nacimientos de madres menores de 19 años, incluyendo casos de niñas menores de 14 años.
Para Cuenca, existe una contradicción central en la nueva política educativa.
“La nueva norma cita datos más recientes y reconoce 59 casos diarios de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Pero al mismo tiempo elimina parte del marco conceptual diseñado precisamente para abordar esas violencias”, sostuvo.
Según el exministro, con la derogación desaparecen referencias a “la violencia escolar por orientación sexual e identidad de género”, así como “el enfoque de igualdad de género como eje transversal” y las dimensiones “política, legal, histórica y cultural de la sexualidad”.
“No es una simplificación técnica. Es una decisión sobre qué proteger y a quiénes”, añadió.
Lo que decía la evidencia sobre la ESI
Diversos organismos internacionales, entre ellos UNICEF, UNESCO y UNFPA, han respaldado durante los últimos años la implementación de la Educación Sexual Integral como herramienta para prevenir violencia sexual, embarazos adolescentes y deserción escolar.
Un documento de UNICEF sobre ESI en el Perú señala que entre 2020 y agosto de 2024 se registraron más de 208 mil nacimientos de madres adolescentes y más de 6 mil nacimientos de niñas menores de 14 años.
El mismo documento recoge evidencia internacional según la cual la Educación Sexual Integral no incrementa la actividad sexual temprana ni las conductas sexuales de riesgo, sino que contribuye a mejorar conocimientos, actitudes y capacidades de autocuidado.
Además, UNICEF recuerda que el Perú asumió compromisos internacionales vinculados a la educación integral en sexualidad a través de instrumentos como el Consenso de Montevideo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y recomendaciones de organismos de derechos humanos.
Un debate político y cultural
La derogación de los lineamientos de ESI ocurre en medio de una larga disputa política y cultural sobre el enfoque de género y la educación sexual en el sistema educativo peruano. Sectores conservadores y agrupaciones vinculadas a Renovación Popular han cuestionado durante años la Educación Sexual Integral, argumentando que incorporaba contenidos ideológicos relacionados con identidad de género o diversidad sexual.
Por el contrario, especialistas en salud pública, derechos humanos y educación sostienen que la ESI no se limita a la reproducción humana, sino que busca prevenir violencia, abuso sexual, embarazo adolescente, discriminación y relaciones desiguales de poder desde una perspectiva integral.
Para Ricardo Cuenca, el cambio refleja una modificación en las correlaciones políticas antes que un nuevo consenso pedagógico.
“La política educativa no cambió porque aprendimos algo nuevo sobre educación sexual. Cambió porque cambiaron las correlaciones de fuerza. Esa es la diferencia entre una reforma técnica y una operación política presentada con lenguaje técnico”, señaló.
El exministro concluyó que una política que “cita evidencia internacional para justificarse, pero elimina el marco que esa misma evidencia recomienda”, no constituye una política basada en evidencia, sino “legitimidad prestada para un recorte de derechos”.
[Foto de portada: La República]
