Por: Alfonso López Chau
Jaime de Althaus, en su artículo del 3 de mayo publicado en El Comercio, señala lo siguiente:
“Si vemos el plan de gobierno de Ahora Nación, resulta que tiene bastante más en común con el de Fuerza Popular que con el de Juntos por el Perú. Coinciden en mejorar el gasto público, en un servicio civil meritocrático, digitalización del Estado, simplificación administrativa y reforma de la gestión de salud, por ejemplo. Casi podrían cogobernar.”
Aprecio el análisis de Jaime, a quien considero un periodista agudo. Sin embargo, creo que en esta ocasión su razonamiento omite distinciones esenciales que pueden llevar a conclusiones equívocas. Me permito comentar algunos puntos.
1. Coincidencias parciales no equivalen a identidad de proyecto
Si aplicáramos su misma lógica, tendríamos que concluir que la Constitución de 1979 (de Haya de la Torre) es igual a la de 1993 (de Alberto Fujimori), pues esta última repite aproximadamente el 70% de los artículos de aquella. Y sin embargo, todos sabemos que Haya de la Torre murió en la pobreza, mientras que Alberto Fujimori se declaró culpable de corrupción y de haber entregado 15 millones de dólares a Montesinos. La semejanza en algunos puntos no borra las diferencias profundas en los principios éticos y en el ejercicio del poder.
2. Coincidencias se pueden ampliar a casi cualquier partido
A la lista que menciona De Althaus podríamos agregar muchas más: combatir la anemia, construir pistas, carreteras, colegios y hospitales. ¿Existe algún partido político que se oponga a estas metas? Difícilmente. El punto no es si dos fuerzas comparten algunas demandas intermedias, sino qué hay detrás de ellas.
3. La credibilidad y la performance política
De otro lado, no resulta racional pretender un análisis únicamente “programático” de Fuerza Popular sin tomar en consideración la performance política de su principal figura.
No son creíbles las promesas de una persona que ha incurrido en reiteradas contradicciones o afirmaciones inexactas. Creer en sus propuestas programáticas, a la luz de ese comportamiento previo, resulta profundamente ingenuo.
Por ejemplo, la señora Fujimori se ha presentado en unas elecciones como la “Keiko de Harvard”, deslindando de la herencia autoritaria de su padre; mientras que en otro proceso electoral asume el rol de heredera de la “mano dura”. Afirma promover un manejo responsable del país; sin embargo, sistemáticamente ha
direccionado decisiones de su bancada en contra del interés público. Se comprometió a permitir la gobernabilidad de Pedro Pablo Kuczynski, pero posteriormente impulsó acciones que derivaron en su salida del poder. No se trata de juicios subjetivos, sino de hechos documentados que afectan la confianza básica que cualquier proyecto político requiere.
¿Dónde radica entonces la verdadera diferencia?
La diferencia está en lo estratégico: en el rol del Estado y en la práctica política concreta.
El fujimorismo ha utilizado y quiere seguir utilizando el Estado al servicio de un mercado mercantilista, orientado a la captura de instituciones para fines de extorsión y corrupción simulada, como es de conocimiento público.
Ahora Nación, en cambio, promueve un Estado para el Desarrollo, que expanda la fuerza productiva, fomente la libre competencia y proteja a los ciudadanos. No impulsamos un Estado que reciba sobornos para dejar indefensos a los consumidores, como ocurrió cuando se impidieron las advertencias en octógonos que informan sobre el exceso de ciertos alimentos.
¿Qué es lo más importante en esta elección?
Lo fundamental es restituir el equilibrio de poderes, frenar el uso abusivo de los mecanismos de control político, derogar las leyes que favorecen la impunidad y debilitan la lucha contra el crimen organizado, y consultar a la ciudadanía mediante referéndum sobre la bicameralidad y otras reglas centrales de representación.
No distinguir entre las demandas intermedias (como agua, desagüe o seguridad) y las interpelaciones estratégicas puede llevar a confundir proyectos opuestos. Incluso regímenes autoritarios podrían suscribir una lista amplia de necesidades básicas. La diferencia está en si el Estado se pone al servicio del pueblo o al servicio de una minoría que busca su propio beneficio.
Finalmente, no distinguir entre figuras como Fernando Belaunde, Valentín Paniagua, Pedro Cateriano o Rafael Belaunde —ninguno de ellos de izquierda— y los representantes del fujimorismo, es perder de vista lo esencial: la diferencia entre la verdad y la falacia, entre la democracia y la corrupción institucionalizada, y entre una propuesta creíble y un relato que la propia conducta de sus protagonistas se ha encargado de desmentir.
[Foto de portada: ANDINA/Carlos Américo Lezama Villantoy]
