A menos de tres meses de las elecciones generales en Perú, Amnistía Internacional presentó este lunes la campaña “Mira bien: el país que queremos se construye con derechos humanos”, una iniciativa orientada a promover un voto informado y a colocar el respeto a los derechos fundamentales en el centro del debate público.
La campaña surge en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana hacia la política y por alertas reiteradas de organizaciones nacionales e internacionales sobre el deterioro de garantías básicas en el país. Según Amnistía Internacional, los comicios de 2026 representan una oportunidad clave para que la ciudadanía evalúe de manera crítica los planes de gobierno y distinga aquellas propuestas que promueven la dignidad humana de las que podrían profundizar la violencia, la exclusión o la impunidad.
“Mira bien” se inscribe en el compromiso de la organización con la defensa de los derechos humanos como base de la vida cotidiana. Amnistía recuerda que una sociedad que no los garantiza impacta negativamente en aspectos esenciales como la seguridad, la libertad de expresión, el acceso a la salud, la justicia y un ambiente sano. En ese sentido, subraya que las autoridades que serán elegidas para el periodo 2026–2031 tienen la responsabilidad de construir un país donde las personas puedan trabajar y volver a casa a salvo, transitar sin miedo y ejercer sus derechos sin represalias.
No obstante, la organización advierte que en los últimos años se ha consolidado una tendencia hacia prácticas autoritarias y escenarios de impunidad que afectan especialmente derechos como la libertad de expresión, la asociación y el acceso a la justicia. Frente a ello, la campaña busca alertar a la ciudadanía sobre propuestas que, bajo el argumento de enfrentar problemas urgentes como la inseguridad ciudadana, la violencia machista o la crisis ambiental, podrían agravar estas situaciones.
Amnistía Internacional identifica con preocupación que algunos planes de gobierno apuestan por la militarización de la seguridad pública o por el debilitamiento —e incluso la desaparición— de instituciones clave para la defensa de los derechos de las mujeres y la gobernanza ambiental. Estas medidas, señala, priorizan enfoques punitivos por encima de políticas preventivas y estructurales.
La situación de la violencia machista ocupa un lugar central en la campaña. En un país donde cada 46 minutos una niña o una mujer es reportada como desaparecida, la organización considera alarmante que ciertos planes electorales planteen que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sea prescindible o fusionable. También alerta sobre la omisión de la educación sexual integral en la mayoría de propuestas, pese a su importancia para prevenir la violencia de género y los embarazos adolescentes y no deseados.
“Vemos narrativas que apelan al miedo y a la renuncia de derechos como solución a problemas complejos. Sin embargo, la sociedad que queremos se construye con derechos garantizados”, afirmó Jennie Dador, directora de Amnistía Internacional Perú, al subrayar la importancia de un rol activo y vigilante de la ciudadanía en el actual proceso electoral.
Como parte de la campaña, grupos de activismo de Amnistía Internacional en 14 regiones del país desarrollarán acciones de difusión y educación en derechos humanos. Además, se pondrá a disposición de la ciudadanía una herramienta digital orientada a la vigilancia ciudadana, con el objetivo de identificar y priorizar propuestas políticas compatibles con las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos.
Contexto electoral peruano
Perú se encamina a elecciones generales en un escenario de alta fragmentación política, crisis de representación y desconfianza en las instituciones. Tras años de inestabilidad, con sucesivos cambios de gobierno y fuertes tensiones entre poderes del Estado, el proceso electoral de 2026 se perfila como un punto de inflexión. La ciudadanía deberá elegir presidente, vicepresidentes y un nuevo Congreso para el periodo 2026–2031, en medio de debates sobre seguridad, economía, derechos sociales y reformas institucionales. En este contexto, organizaciones de la sociedad civil advierten sobre el riesgo de discursos autoritarios y la necesidad de que el voto incorpore una evaluación crítica del impacto de las propuestas sobre los derechos humanos y la democracia.
Fotografía de portada: AFP
