Hace nueve años, la esclavitud laboral en el Perú —amparada por la informalidad, la corrupción y el abandono estatal— se cobró la vida de dos jóvenes trabajadores en la galería Nicolini, en Las Malvinas. Este 16 de enero de 2026, la justicia peruana confirmó una condena histórica: la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro informó que se ratificó, en segunda instancia, la sentencia por trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud, en el caso que conmocionó al país tras el incendio de junio de 2017.
Las víctimas fueron Jorge Luis Huamán (19) y Jovi Herrera Alani (21), quienes murieron encerrados con candado dentro de un contenedor metálico, obligados a trabajar por S/ 25 diarios, sin derechos laborales y bajo condiciones inhumanas.
Según el Ministerio Público, los condenados son Vilma Zeña Santamaría, para quien se confirmó una pena de 32 años de prisión efectiva, y Jonny Coico Sirlopu, sentenciado en 2018 a 35 años por los mismos hechos.
La Fiscalía resaltó que se trata de la primera sentencia confirmada en el país por el delito de esclavitud laboral, lo que marca un precedente relevante para la justicia peruana.
Encerrados bajo llave: explotación laboral extrema
Los jóvenes eran encerrados con candado dentro de un contenedor ubicado en el quinto piso de las galerías del centro comercial Nicolini, desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., en un ambiente con poca ventilación e iluminación, desprovistos de alimentos y sin acceso a servicios higiénicos. Por un pago de S/ 25 diarios, y sin derechos laborales, eran obligados a armar luminarias manualmente, sustituyendo una marca original por otra reconocida, un mecanismo fraudulento que permitía a sus explotadores obtener ganancias indebidas.
Lo que debe haber quedado grabado en la memoria pública son los llamados desesperados de los jóvenes durante el incendio.
“¡Ayúdame tío, ayúdame, por favor!”, recordó César Herrera en una entrevista televisiva, al relatar la llamada que recibió de su sobrino Jovi Herrera mientras el fuego avanzaba y nadie aparecía con la llave.
Las llamadas y mensajes de Jorge Luis Huamán y Jovi a sus familias se sucedieron hasta que el humo cubrió por completo el techo del edificio. A las 4:30 p.m. del jueves, casi cinco horas después de iniciado el siniestro, la familia de Jovi —quien acababa de convertirse en padre— recibió su último mensaje:
“Por favor, cuiden a mi hija, no la dejen. Que mi mamita no llore”.
Ese encierro bajo llave —literal, físico y deliberado— fue narrado por familiares desde el primer día. En junio de 2017, LaMula.pe recogió testimonios que describían cómo el empleador “les echaba llave” mientras trabajaban, y cómo durante el incendio no aparecía nadie que pudiera abrir el contenedor.
La precariedad laboral en Perú tiene su símbolo en la imagen del brazo de uno de los jóvenes levantando un reflector, como señal de auxilio, como evidencia de vida, o como metáfora brutal de una realidad que el país se resiste a mirar: la esclavitud laboral en el Perú es un hecho.
En ese momento, la entonces vicepresidenta de la CGTP, Carmela Sifuentes, advirtió que el incendio evidenciaba responsabilidad empresarial, pero también estatal: un sistema que permite que jóvenes trabajen sin protección mínima y sin fiscalización efectiva.
Reparación civil e inhabilitación
La condena también incluye sanciones adicionales. Ambos sentenciados fueron inhabilitados para contratar con el Estado por el mismo plazo de sus penas.
Asimismo, se ordenó el pago de reparación civil:
• S/ 20 000 a favor de los sobrevivientes.
• S/ 479 000 y S/ 459 000 a favor de los herederos legales de las víctimas mortales.
Un precedente que obliga
Que esta sea la primera sentencia confirmada por esclavitud laboral en el Perú no es un dato menor: significa que el sistema de justicia finalmente reconoce que en el país existen formas reales de esclavitud en pleno siglo XXI —no como metáfora, sino como delito probado y sancionado—.
La tragedia de Las Malvinas no fue un accidente. Fue, como se dijo aquella noche, un crimen.
La fiscalización laboral ausente
El caso Nicolini expuso, además, la dimensión estructural del problema. En 2017, LaMula.pe informó que desde la propia SUNAFIL se denunció que el Estado había desactivado el Plan de Cuadrante Inspectivo, que permitía supervisar galerías “piso por piso”, “cuadra por cuadra”, y acercarse precisamente a los sectores más duros de informalidad, donde no existe planilla ni protección mínima.
El sindicato de SUNAFIL advirtió entonces que el país tenía menos de 400 inspectores, que regiones enteras no contaban con ninguno, y que se necesitaban alrededor de 2 000 inspectores para fiscalizar de manera efectiva.
¿Y cómo estamos ahora? A fines de 2025, el Sindicato Único de Inspectores y Trabajadores de SUNAFIL reiteró que la lucha contra la explotación laboral requiere un Estado que fiscalice de verdad. El gremio exige al MEF la aprobación de una nueva escala remunerativa equitativa —en cumplimiento de la Ley 32486, publicada el 3 de noviembre—, así como la eliminación del régimen CAS dentro de la entidad, y la priorización urgente del debate del proyecto de ley que permita el pase del personal CAS al régimen 728, conforme al artículo 20 de la Ley de creación de SUNAFIL (Ley N.° 29981).
Según el sindicato, actualmente habría unos 750 inspectores a nivel nacional, cifra aún insuficiente frente a la magnitud de la informalidad; un problema que incluso la OIT ya observó en 2021, al solicitar explicaciones al Estado peruano por denuncias vinculadas a la superintendencia.
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