A cuatro años del derrame de más de 12 mil barriles de petróleo ocurrido frente a las costas de Ventanilla, pescadores artesanales de cinco distritos del litoral norte de Lima y Callao denunciaron que el mar y las playas continúan contaminados y que no existe un proceso efectivo de remediación ambiental en marcha, pese a los anuncios de la empresa Repsol.
La denuncia fue presentada en una conferencia de prensa realizada este martes, donde representantes de las organizaciones de pescadores y especialistas difundieron resultados de una visita de campo realizada el 6 de diciembre de 2025 en la playa Cavero (Ventanilla). Según lo expuesto, se identificaron bolas y tortas de alquitrán en distintos sectores y presencia de hidrocarburos envejecidos tanto en superficie como en capas profundas de arena.
El biólogo alemán Stefan Austermühle advirtió que el petróleo enterrado constituye una “bomba de tiempo ambiental”, capaz de reaparecer por acción de las mareas y mantenerse afectando ecosistemas durante años o incluso décadas.
“Nosotros hemos colectado, en la parte más limpia, 16 gramos; (…) y en la parte más contaminada (…) 1.590 kilos por metro cuadrado. (…) La contaminación total ese día, en esa playa, es 22 mil veces mayor que lo que la empresa dice al gobierno haber encontrado hace dos años”, señaló Austermühle.
Persistencia de contaminación y riesgos para la salud
Austermühle sostuvo que existirían serias deficiencias en los planes presentados por Repsol para rehabilitación ambiental, indicando que la empresa aplicaría metodologías que no se ajustan a estándares científicos internacionales, al realizar muestreos en capas donde sería previsible no hallar contaminación.
El especialista alertó, además, sobre riesgos para la biodiversidad marina y la salud humana, señalando que las bolas de alquitrán liberan compuestos tóxicos persistentes que ingresan a la cadena alimentaria y generan efectos subletales en fauna marina y aves costeras.
En esa línea, sostuvo que algunas zonas evaluadas superarían niveles aceptables para playas de uso público, por lo que deberían ser cerradas y sometidas a limpieza especializada.
Pescadores exigen reparación ambiental y social
Desde las organizaciones de pescadores, Luis Díaz, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales y Ancestrales de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay, afirmó que el impacto del derrame no ha sido reparado ni ambiental ni socialmente y que cientos de familias aún no pueden retomar la pesca artesanal, su principal fuente de sustento.
Díaz informó que han interpuesto una demanda constitucional de amparo solicitando la nulidad de acuerdos firmados con la empresa, al considerar que afectarían derechos fundamentales e interés público.
Por su parte, Mercedes Yovera, vicepresidenta de la federación, señaló que las playas afectadas no estarían aptas para pesca ni uso público, y afirmó que existen zonas de difícil acceso donde la contaminación se mantiene con mayor intensidad. También remarcó el impacto diferenciado en mujeres vinculadas a la pesca artesanal y la ausencia de una evaluación adecuada de efectos psicológicos y sanitarios.
Desaparición de especies y afectación a la pesca artesanal
El secretario de la federación, Daniel Cabeduque, advirtió que los daños se extienden más allá de las playas y que el impacto sería evidente en la desaparición o disminución de especies clave para la pesca artesanal, afectando directamente la seguridad alimentaria y economía local.
Según indicó, algunas zonas reproductivas habrían perdido capacidad de recuperación y especies como el pejerrey o el calamar ya no retornarían a áreas donde antes eran frecuentes.
CooperAcción: más de 600 observaciones y ningún plan aprobado
Finalmente, Alejandro Chirinos, coordinador del Programa de Gobernanza Marino Costera de CooperAcción, sostuvo que ninguno de los planes de rehabilitación presentados por Repsol ha sido aprobado por las autoridades ambientales, debido a que la empresa no ha levantado más de 600 observaciones técnicas.
Chirinos advirtió que, a cuatro años del derrame, el Estado no ha asumido un rol articulador suficiente para garantizar una recuperación integral del ecosistema y el restablecimiento de derechos de las poblaciones afectadas.
En 2025, LaMula.pe informó que, a tres años del derrame, un reporte de CooperAcción advertía que el 60% del crudo derramado seguía sin recuperarse, mientras continuaban las críticas por deficiencias en planes de remediación y por la continuidad de la crisis socioambiental que golpea a comunidades pesqueras.
[Fotos: CooperAcción]
