Escribe: Ileana Rojas Romero. Abogada en derechos humanos y gestora de políticas públicas.

El Informe de Brechas de Género 2025 del INEI, publicado este mes de diciembre, no trae buenas noticias: en indicadores centrales, el avance se ha frenado y, en algunos, la brecha persiste o se agranda. A eso le llamo estancamiento. Y con "estancamiento" no me refiero a una curva en una hoja de cálculo, sino a una forma de ciudadanía: una en la que, para una parte de la población, los derechos se ejercen con más costo, más riesgo, más tiempo perdido y menos margen de decisión. Cuando eso se vuelve rutina, la igualdad deja de ser garantía y se convierte en una promesa que se posterga.

Digo "igualdad" en sentido jurídico, no moral. En Perú, la igualdad y la no discriminación son un mandato constitucional y una obligación reforzada por compromisos internacionales. Eso importa porque la igualdad no se agota en "trato igual", sino que exige igualdad sustantiva: remover barreras estructurales que producen desventajas sistemáticas. En derechos sociales (salud, educación, cuidados), además, el Estado tiene un deber de progresividad: no puede normalizar el estancamiento como si fuera un fenómeno natural. Y en violencia, el estándar es todavía más exigente: debida diligencia real (prevenir, investigar, sancionar y reparar), no solo discursos.

Con ese marco, el informe se lee distinto: como un mapa de incumplimientos, prioridades torcidas y costos trasladados a los hogares. Voy a trabajar con cuatro cifras ancla para mostrar el mecanismo que las produce, el deber estatal que activan y las decisiones públicas que deberían seguirles.

1) Ingresos: 76% no es "moderado", es autonomía recortada

En 2024, el ingreso promedio mensual por trabajo fue de S/ 1 494,0 para mujeres y S/ 1 965,7 para hombres. El propio informe lo resume con un dato doloroso: el ingreso de las mujeres equivale al 76,0% del de los hombres.

La brecha no se queda en "ganar menos". Se traduce en menor capacidad de salida (de un empleo abusivo, de una deuda, de una relación violenta), menos ahorro, menor acumulación patrimonial y, al final, menor protección social. En términos cotidianos: más vulnerabilidad y menos margen de negociación, incluso cuando la ley te "reconoce" derechos.

Aquí el deber estatal no es contemplativo. La igualdad en el trabajo implica prevenir, fiscalizar y sancionar prácticas discriminatorias, pero también remover barreras estructurales que hacen que la brecha se reproduzca año tras año. En la práctica, tomárselo en serio se ve en decisiones concretas: inspección laboral efectiva allí donde se concentra el empleo femenino (micro y pequeñas unidades, comercio, servicios), transparencia salarial en entidades públicas y en empresas que contratan con el Estado, y sanción real a la discriminación remunerativa. "Sanción real" significa algo simple: que sea más caro incumplir que cumplir.

Fuera del informe, notas periodísticas basadas en la ENAHO reciente vuelven a mostrar el mismo patrón. Lo central aquí es que no se trata de una mala racha, sino de un problema estructural.

2) Tiempo: el trabajo no remunerado es una fábrica silenciosa de desigualdad y tiene firma estatal

El informe incorpora datos de la ENUT 2024 que son difíciles de ignorar. En promedio semanal, las mujeres realizan 34 horas y 19 minutos de trabajo doméstico no remunerado, frente a 12 horas y 57 minutos de los hombres. En trabajo remunerado, ocurre lo inverso: 23 horas y 46 minutos para mujeres frente a 40 horas y 2 minutos para hombres.

No es un dato "de hogar", es un dato de economía política. Ese reparto desigual del tiempo genera un círculo vicioso: menos tiempo disponible implica más empleo parcial o precario; eso reduce ingresos, lo que aumenta la dependencia; y esa dependencia reduce poder de decisión, no solo en la casa, sino también en el trabajo, la comunidad y la política.

Por eso, el deber estatal aquí es claro: tratar los cuidados como un "asunto privado" es trasladar costos a los hogares y, dentro de ellos, a las mujeres. El Estado cumple la igualdad no solo prohibiendo discriminación, sino también redistribuyendo condiciones materiales que hacen imposible competir en igualdad desde el inicio. Dicho de otro modo: sin una política pública de cuidados, la igualdad laboral queda como un enunciado frágil.

Las decisiones públicas necesarias para abordar esta realidad son conocidas, y justamente por eso son exigibles: servicios públicos de cuidado con cobertura territorial real (primera infancia, discapacidad, personas mayores), corresponsabilidad regulada (licencias y organización del trabajo) y empleo decente en cuidados (sin romanticismo ni precarización). No es casualidad que la propia lógica de los ODS (y la plataforma ODS del INEI) reconozca este punto como parte del problema: valorar y sostener los cuidados mediante servicios e infraestructura, no solo discursos.

3) Salud y derechos sexuales y reproductivos: cuando hay promedios, lo decisivo es la desigualdad por clase y territorio

En anticoncepción, el informe indica que en 2024, entre mujeres unidas de 15 a 49 años, 77,5% usa algún método. Dentro de ese total, 58,1% usa un método moderno y 19,4% uno tradicional. Ese dato puede sonar a "cobertura razonable" si lo miras de lejos. Pero el informe también muestra lo que suele quedar oculto cuando nos quedamos en cifras agregadas: la desigualdad se concentra donde siempre. En maternidad adolescente (15-19), la proporción de adolescentes que ya son madres o están embarazadas por primera vez fue 18,0% en el quintil más bajo y 1,5% en el quintil más alto. No es una diferencia de matiz, es la huella de un país que distribuye futuro de forma desigual.

El mecanismo no es simplemente "falta de información". Es acceso desigual a servicios, barreras territoriales, violencia sexual y un contexto político que vuelve riesgoso incluso hablar de sexualidad en la escuela. Investigaciones periodísticas han documentado cómo desde el Congreso se empujan iniciativas para limitar la educación sexual y el enfoque de igualdad de género, y cómo eso se traduce en censura y temor dentro del sistema educativo. No es un debate abstracto: se filtra a la vida concreta de adolescentes, sobre todo en pobreza.

El deber estatal aquí es de garantía, no de acompañamiento. En derechos sexuales y reproductivos, el Estado debe asegurar información, servicios, educación basada en evidencia, protección frente a violencia y acceso sin castigos morales ni barreras invisibles. Y cuando la desigualdad se concentra en adolescencia y pobreza, esa obligación se vuelve más estricta: la neutralidad termina funcionando como abandono.

¿Qué decisiones públicas corresponden? Oferta sostenida de métodos modernos (sin intermitencias), servicios de salud adecuados para adolescentes, rutas rápidas y seguras frente a violencia sexual, y una política educativa que no quede capturada por presiones antiderechos. Si el Estado permite esa captura, luego no puede sorprenderse por los resultados que el propio INEI mide.

4) Violencia: no es un capítulo del informe, es un régimen que organiza movilidad, empleo y silencio

En 2024, los Centros de Emergencia Mujer registraron 168 492 casos de violencia familiar y/o sexual. Ese mismo año, el informe reporta 154 víctimas de feminicidio.

La violencia no solo "ocurre": condiciona. Define rutas, horarios, trabajos que se aceptan o se abandonan, estudios que se postergan, denuncias que no se hacen porque denunciar cuesta tiempo, dinero, exposición y riesgo. Y se perpetúa cuando la respuesta estatal es lenta, fragmentada o revictimizante.

Aquí el lenguaje jurídico es inevitable, porque la obligación es precisa. El Estado debe actuar con debida diligencia: prevenir, investigar, sancionar y reparar. Si no hay capacidad institucional real (equipos, presupuesto, protección inmediata, interoperabilidad de información, justicia oportuna), el derecho queda en papel. Y, en violencia, el papel no protege.

El estancamiento también se ve en salud: más carga, más desgaste

Asimismo, el informe registra que, en 2024, el 48,2% de mujeres reportó alguna enfermedad crónica (frente a 38,5% en hombres) y vincula ese patrón, entre otros factores, con la mayor carga doméstica y de cuidados. La brecha de tiempo no solo se traduce en empleo: se traduce en cuerpo y desgaste. Es una de las formas más claras en que una desigualdad "privada" se vuelve pública, medible y políticamente imputable.

Poder político: una cifra alta puede esconder el cuello de botella

En el Congreso 2021-2026, el 40,0% de congresistas son mujeres, en relación con el Congreso anterior (2020-2021), en donde las mujeres representaban el 26,2%. Este es un avance real, pero no reemplaza la pregunta decisiva: ¿dónde se decide el presupuesto, la obra pública, la seguridad y el cuidado? En lo territorial, el poder suele ser más difícil de disputar y más costoso de sostener. La representación, por sí sola, no asegura agenda, presupuesto ni protección frente a violencia política.

Si el Estado se lo toma en serio, entonces...

Esto no trata de "recomendaciones" ni evoca campañas de sensibilización: trata de condiciones mínimas coherentes con las obligaciones de igualdad sustantiva, debida diligencia y progresividad:

1. Un sistema de cuidados con servicios e infraestructura, y empleo decente en cuidados, para que la igualdad no dependa de la sobreexplotación doméstica de las mujeres.

2. Una política seria de trabajo e ingresos: fiscalización donde realmente ocurre el empleo femenino, transparencia salarial en entidades públicas y en contrataciones con el Estado, y sanción efectiva a la discriminación remunerativa.

3. Una respuesta integral a la violencia con capacidad real: protección, salud, justicia y reparación, sin trasladar la carga a las víctimas y sin normalizar la impunidad burocrática.

4. Garantías efectivas de derechos sexuales y reproductivos: acceso continuo a métodos modernos, servicios adecuados para adolescentes, rutas rápidas ante violencia sexual, y una política educativa basada en evidencia, no capturada por presiones antiderechos.

5. Y, finalmente, rendición de cuentas: convertir el monitoreo (ODS, indicadores, reportes) en decisiones presupuestales y evaluación pública. Si el Estado mide, tiene obligación de actuar; si no actúa, medir se vuelve coartada.

Por ello, cierro con una idea sencilla: si el Estado mide y publica estas brechas, ya no puede tratarlas como paisaje. Medir crea obligación: priorizar, asignar presupuesto, ejecutar, corregir. Y, cuando el “estancamiento” se vuelve rutina, lo que está en juego no es el indicador: es la posibilidad real de ejercer derechos sin pagar un sobrecosto por género, edad, territorio o pobreza. Con eso en mente, dejo tres preguntas para el debate público: ¿Qué brecha se está normalizando como si fuera inevitable? ¿Qué decisión pública debería tener costo político para quien la frena? ¿Quién paga hoy el precio del estancamiento?

Este artículo fue publicado originalmente en la cuenta de LinkedIn de Ileana Rojas Romero. Puede leerse aquí: https://tinyurl.com/bdhdu4wb

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