El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez dispuso la desactivación de los equipos especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop, mediante resoluciones publicadas en el Diario Oficial El Peruano. La medida pone fin a la gestión de fiscales como Rafael Vela Barbay José Domingo Pérez quienes estaban a cargo de las investigaciones por corrupción más sensibles del país.
La decisión tuvo además una carga simbólica explícita. En declaraciones previas, Gálvez había anticipado de manera irónica el momento de la disolución:
“La resolución, como estos se han considerado reyes, vamos a hacerlo el Día de la Bajada de Reyes (…) bajamos a los reyes, a todos los equipos especiales”, indicó.
Conferencia y mensaje político
Tras la publicación de las resoluciones, Gálvez ofreció una conferencia de prensa en la que defendió su decisión y cuestionó abiertamente el rol de los equipos especiales, a los que acusó de actuar sin control y de haber concentrado poder dentro del Ministerio Público. Según dijo, la desactivación busca “reordenar” la institución y devolver las investigaciones a las fiscalías ordinarias.
La sombra de los Cuellos Blancos
El anuncio generó fuertes críticas debido a que el propio Gálvez ha sido vinculado al caso Cuellos Blancos del Puerto, investigación que fue llevada precisamente por uno de los equipos ahora desactivados. Diversos sectores han advertido un evidente conflicto de intereses, al tratarse de una decisión adoptada por un funcionario que fue parte del sistema de justicia investigado por esa red de corrupción judicial.
La eliminación del Equipo Especial Cuellos Blancos, en particular, ha encendido alertas sobre el futuro de las investigaciones y la continuidad de los procesos contra magistrados, fiscales y operadores judiciales implicados en el caso.
Con esta decisión, el Ministerio Público ingresa a una nueva etapa marcada por la reconfiguración interna, pero también por una creciente controversia sobre la independencia de las investigaciones anticorrupción y el uso del poder institucional.
