Escriben:
Hileana Chiong del Castillo, estudiante de Derecho en la Universidad de Lima.
Hans Cuadros Sánchez, abogado y profesor universitario. Especialista en Historia del Derecho, Antropología Jurídica y Derecho Constitucional.
El año pasado hemos apreciado como el país se ha sumido en una profunda desesperación por el incremento de la inseguridad ciudadana y, específicamente, la alarmante expansión de la extorsión en Lima. Los casos más mediáticos fueron el asesinato del vocalista de Armonía 10, Paul “El Ruso” Flores, en marzo, y el ataque a la orquesta Agua Marina en pleno concierto realizado en el Círculo Militar de Chorrillos el 8 de octubre, que desencadenó finalmente la vacancia de Dina Boluarte, luego de siete mociones presentadas contra ella y frustradas por el propio Congreso. La última votación unánime de 121 votos en favor de la octava vacancia fue una maniobra desesperada del Parlamento para reducir la percepción ciudadana de inacción ante la criminalidad organizada y la incompetencia de un gobierno que retuvo al cuestionable Juan José Santivañez, ex Ministro del Interior, como asesor presidencial, y renombrado como Ministro de Justicia, a pesar de haber sido censurado forzosamente como consecuencia del asesinato de “El Ruso”.
Aunque estos acontecimientos policiales marcaron el panorama mediático, no podemos dejar de lado el contexto político en el que se dio este incremento de la criminalidad. Este es un controversial marco legal que desde el 2023 hasta la fecha se ha venido aprobando en el Legislativo y promulgando en el Ejecutivo. De hecho, una simple revisión de redes sociales en diversas plataformas digitales nos muestra el descontento ciudadano con la labor del Congreso, del Ministerio Público y del Poder Judicial, siendo así que el Parlamento, encargado de elaborar las leyes y derogarlas, ha mostrado escasa voluntad de dar marcha atrás con estas cuestionables normas que complican la persecución del delito. Esto debido a que, si las leyes fueran más estrictas y los delitos más específicos, muchos de los actuales parlamentarios y sus caudillos políticos podrían recaer en estos tipos penales y, no sólo ser juzgados, sino ser condenados en cumplimiento de éstas. El problema es que un congresista no debe legislar en resguardo de intereses particulares, sino generales. La ley, por su propia naturaleza en un Estado de Derecho, tiene que ser de carácter general, aplicable a todos por igual, evitándose los privilegios y particularidades que puedan exceptuar de su cumplimiento a alguien. Lamentablemente, legislar en aras de intereses particulares quita legitimidad a la función parlamentaria y también a la estructura institucional que debería sostener a un Estado de Derecho. De hecho, la falta de legitimidad se expresa también en la pérdida del principio de autoridad que debería respetarse para hacer cumplir las leyes. Sin lugar a duda, esta es una crisis.
De hecho, en el Perú, la crisis de legitimidad suele describirse como un malestar general. Es una constante que la gente no crea en la política o que desconfíe del Congreso. Estas afirmaciones suelen ser cotidianas, pero resultan generales y en muchos casos sin mayor información veraz. Lo que resulta preocupante es que la labor legislativa se percibe con un alto nivel de ilegitimidad, por ejemplo, en las cuestionables leyes “pro-criminalidad organizada”. En este contexto, encontramos una realidad incómoda para cualquier Estado de Derecho: el Parlamento aprueba normas que, desde su nacimiento, son rechazadas por la ciudadanía y, en consecuencia, se extiende el incumplimiento e irrespeto por las leyes.
El marco de la legalidad se formaliza en la medida que se siguen los procedimientos de votación, quórum y publicación de las normas. La legitimidad, en cambio, requiere un consenso político, una sensación de búsqueda de justicia y una finalidad pública que sea asumida en beneficio de la sociedad. Las democracias más estables encuentran su legitimidad en la aceptación mayoritaria o generalizada, al considerar que, cuando menos una norma es beneficiosa, aunque pueda existir cierto desagrado en algún sector de la sociedad. En el Perú actual, muchas normas se cuestionan por carecer de un sentido que beneficie a la ciudadanía en general, en contraposición de los intereses particulares a los que parece realmente atender. Estas normas tienen una autoridad formal, pero carecen de una legitimidad material, como por ejemplo ocurre cotidianamente con las normas de tránsito.
Un caso concreto permite observar la distancia que hoy separa a la legalidad de la legitimidad. En junio de 2024, una encuesta nacional realizada por Ipsos recogió la percepción ciudadana frente a una reforma vinculada a los allanamientos en investigaciones de crimen organizado. Tres de cada cuatro personas consideraron indispensable que los allanamientos mantengan su carácter sorpresivo. Apenas una minoría respaldó la idea de anunciarlos con anticipación. Para ese momento, sin embargo, el proceso legislativo ya había avanzado en una dirección que se aparta de una expectativa ciudadana básica en materia de seguridad. Entonces, la pregunta no es si la minoría puede tener razón, lo que se debe cuestionar es por qué el proceso legislativo parece ignorar de forma sistemática la expectativa ciudadana más básica, que es mantener herramientas efectivas para combatir el crimen.
Algo similar ocurrió ante una ley que pretendía impedir el procesamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002. Según una medición nacional de Ipsos , más de dos tercios de la población expresó su desacuerdo. En este caso, se trata de una cuestión ética en la que el Derecho se percibe como un mecanismo para reducir responsabilidades frente a hechos cuya gravedad sigue marcando la memoria colectiva como, por ejemplo, los crímenes de Estado o las víctimas de la criminalidad organizada. Esto último, porque existe una mayoritaria percepción de que no hay justicia ante estos.
Estas leyes son una manifestación de la creciente tendencia a legislar sin conocer las necesidades ciudadanas e incluso que se legisla contra la urgencia colectiva de seguridad. Como consecuencia, la ley se convierte en un instrumento de evasión de justicia y, en el peor de los casos, un instrumento funcional a redes interesadas en dilatar procesos judiciales, reducir costos legales o debilitar los contrapesos institucionales. No sorprende, en ese contexto, que un informe de Human Rights Watch haya advertido cómo determinadas decisiones legislativas han terminado facilitando la impunidad ante la expansión del crimen organizado en un país atravesado por la sensación de inseguridad.
Esta crisis también se refleja en el ámbito institucional. En noviembre de 2025, una encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos mostró que el Congreso registra un nivel de aprobación de apenas 8%. Más allá de lo grave que es el rechazo, lo más preocupante es su consecuencia. El órgano legislativo opera con un respaldo tan bajo que, aunque puede emitir leyes, no logra generar un sentido de obligación moral en la ciudadanía.
Todo esto ocurre, además, en un escenario dominado por el miedo. La inseguridad desordena prioridades y vuelve atractivas respuestas inmediatas, muchas veces punitivas. El IEP reporta que, en Lima y Callao, amplios sectores consideran que los estados de emergencia han tenido escaso impacto real en la reducción del delito y perciben, al mismo tiempo, la ausencia de una estrategia estatal coherente. La ciudadanía no es ingenua. Detecta medidas simbólicas en lugar de soluciones reales, y anuncios sin estrategias de fondo. En este punto, la legitimidad comienza a ser cuestionada desde una dimensión adicional. En lugar de evaluar únicamente la eficacia de la norma, también se cuestiona la finalidad que se le atribuye. A quién beneficia. Qué intereses resguarda. Cuando esta sospecha se instala, la legalidad se vacía de contenido. Se cumple con los procedimientos, pero no se sostiene la autoridad que da sentido a la norma.
Una sociedad puede tolerar leyes imperfectas si cree que fueron creadas para resolver problemas comunes. Sin embargo, cuando se normaliza la percepción de que las normas existen para blindar intereses particulares, distraer a la opinión pública o debilitar las capacidades estatales, la obediencia se basa en el razonamiento personal. La preocupación general gira en torno a cómo eludir la ley, cómo sobrevivir, cómo protegerse. La expansión de prácticas informales aparece entonces como un efecto previsible de un orden normativo que ha perdido capacidad de integración, acompañado por una relación crecientemente cínica con el Derecho.
La recuperación de la legitimidad exige un retorno a lo esencial que implica legislar con atención a la realidad social concreta, asumir la responsabilidad política de las decisiones normativas y producir leyes que puedan sostenerse más allá del Congreso. La autoridad de la ley se consolida también en aquellos espacios donde el Derecho se experimenta cotidianamente: la calle, el mercado, los territorios donde la extorsión no es una categoría abstracta. Mientras sigamos produciendo normas que nacen sin reconocimiento social, el Estado conservará la legalidad de sus actos, pero verá erosionarse la autoridad que vuelve posible su vigencia efectiva. Si nos preguntamos qué país queremos a partir del 2026, resulta preciso reflexionar sobre quiénes recaerá la redacción de las leyes para devolverle legitimidad no sólo a nuestro marco legal, sino también a todas nuestras instituciones públicas, no sólo a las que persiguen la criminalidad.
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