Escribe: Ileana Rojas Romero. Abogada en derechos humanos y gestora de políticas públicas.
Lo aprobado por el Congreso con el PL 8731/2024-CR, que deroga y reemplaza la Ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2007), es una ofensiva directa contra los avances mínimos, fruto de años de disputa y trabajo, que el Estado peruano había reconocido en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género. No estamos ante una discusión terminológica, sino ante una decisión deliberada de recortar el sentido y el alcance de la política pública.
En esa misma línea, la nueva ley borra el enfoque de género y lo sustituye por una noción de “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” limitada a un esquema binario. Con ello, obliga a todas las entidades del Estado a mirar la desigualdad como si fuera un asunto simétrico entre dos grupos abstractos y equivalentes, y no como lo que realmente es: un sistema histórico de poder que define quién cuida, quién decide, quién tiene seguridad, quién accede a justicia y quién puede vivir sin miedo.
Al retirar el enfoque que nombra ese sistema, lo que queda es una igualdad de fachada, y esa fachada siempre favorece a quien ya estaba arriba. Además, la ley elimina la Educación Sexual Integral (ESI) y la reemplaza por un enfoque “biológico y ético” supeditado a las convicciones de madres y padres. Esto abre la puerta a vetos morales sobre contenidos esenciales para la prevención de violencia sexual, el cuidado de la salud reproductiva, y la autonomía de niñas, niños y adolescentes.
En el Perú real, eso se traduce en menos herramientas para prevenir y enfrentar la violencia sexual, menos capacidades para reconocer abuso, menos información para cuidar la salud sexual y reproductiva, y menor autonomía para niñas, niños y adolescentes. En este país, la ESI existe precisamente porque la violencia sexual existe, porque el embarazo adolescente existe y porque la desinformación arrasa proyectos de vida. Desmontarla no protege a nadie. Protege, más bien, a quienes prefieren (y les conviene) el silencio.
A esto se suma otro punto que deja ver el trasfondo autoritario de la norma: prohíbe que ONGs, cuyos integrantes participen en demandas o denuncias contra el Perú, capaciten a jueces(as), fiscales u operadores(as) de justicia en estos temas. Es una forma de castigar el control ciudadano y de cerrar la puerta a quienes han sostenido formación especializada precisamente porque el Estado no la asumió, o la asumió mal. En buen castellano: quieren operadores(as) menos formados, menos críticos y más dóciles.
Por eso, esta ley choca con obligaciones internacionales que el Perú aceptó libremente. La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) exigen avanzar, no retroceder, en igualdad sustantiva, en prevención de violencia basada en género y en educación para la autonomía y la vida libre de violencias. El principio no es complejo: los derechos no se recortan por cálculo político ni por presión ideológica, y menos cuando ese recorte tiene un impacto previsible en la vida, la seguridad y la libertad de millones.
Tampoco tengo dudas sobre quiénes van a cargar con este retroceso. Las mujeres rurales, indígenas, amazónicas y afroperuanas. Las niñas y adolescentes. Las personas no binarias. Las personas que viven fuera del molde que el Congreso pretende imponer como norma. En suma, personas que ya enfrentan más barreras para ser escuchadas, para acceder a la justicia, para estudiar sin violencia, y para decidir sobre su cuerpo y su vida.
Y, sobre el Ejecutivo, seamos serios: este país tiene hoy un presidente interino, José Jerí, que llegó al poder con una denuncia pública por violación sexual en su contra y ha construido su gobernabilidad en alianza con la mayoría congresal que impulsa estas agendas. Esperar que ese gobierno defienda el enfoque de género sería no entender de qué está hecho el poder que tenemos delante al día de hoy. Por eso, la respuesta no va a venir “de arriba”. Va a venir de quienes no estamos dispuestas ni dispuestos a aceptar que el Estado vuelva a tratar la desigualdad como una normalidad sin consecuencias.
En definitiva, esta ley no es inevitable: es política. Y lo político se disputa.
