Escribe: Ariana Llerena, egresada de Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer resuena un tipo de violencia que no es del todo visible: la violencia económica. Esta forma de violencia, profundamente enraizada en la estructura social y económica del país, permanece opacada por un enfoque institucional que privilegia el reconocimiento simbólico antes que la transformación material. Desde una perspectiva marxista, y a partir de la crítica de Nancy Fraser —una filósofa que me gusta mucho—, se evidencia que la violencia económica no es un accidente ni un simple complemento de otras violencias, sino la base estructural que las sostiene.
El progresismo contemporáneo (especialmente en su versión neoliberal inclusiva) propone que la solución a la violencia de género pase por la “inclusión” o la “paridad” de las mujeres en espacios antes vedados, como el liderazgo político, el emprendimiento, los mercados laborales competitivos o la participación pública. Esta visión celebra la diversidad, promueve campañas de empoderamiento y convierte la igualdad en un producto aspiracional. A lo que quiero llegar es que este enfoque desplaza la atención desde la redistribución económica hacia el reconocimiento identitario, opacando aquello que constituye el núcleo de la opresión: las condiciones materiales de existencia. Por ejemplo, se promueve que las mujeres “sean libres desde el empoderamiento”, pero se deja intacto el eje de precariedad, informalidad y dependencia financiera que define la vida de millones de peruanas. Es decir, ¿cómo empoderar a una mujer precarizada que depende de un marido violento porque no tiene los medios para subsistir económicamente ni laboralmente?
La dialéctica explotación–opresión se hace evidente cuando entendemos que la violencia económica no es solo una herramienta de control en relaciones abusivas, sino una manifestación de contradicciones históricas. Es así que muchas mujeres no pueden dejar a su agresor porque no cuentan con ingresos propios. Pensemos, por ejemplo, en la trabajadora doméstica que vive en condiciones de servidumbre parcial, la agricultora que sostiene a una familia entera sin derechos laborales o la joven madre que asume sola todo el trabajo de cuidado mientras el Estado mira para otro lado. Todas ellas experimentan una forma de violencia económica producida y reproducida por un sistema que les exige autonomía simbólica, pero les niega autonomía material.
El 25 de noviembre debe interpelarnos más allá de las ceremonias oficiales. ¿De qué sirve declarar la erradicación de la violencia si el Estado no provee servicios de cuidado que liberen a las mujeres de la carga doméstica? ¿Cómo hablar de igualdad si la estructura económica peruana continúa feminizando la pobreza y precarizando la vida? ¿Qué sentido tiene el discurso del “empoderamiento” si se mantiene intacta la división sexual del trabajo que obliga a las mujeres a elegir entre sobrevivir o emanciparse?
La crítica de Fraser resulta especialmente pertinente para el Perú porque revela una verdad incómoda: un feminismo que se limita al reconocimiento simbólico termina siendo funcional al capitalismo patriarcal. Por ello, es incapaz de enfrentar la violencia económica que sufren las mujeres. Un feminismo que celebra la inclusión sin cuestionar la explotación termina legitimando el mismo sistema que genera la desigualdad. Y un Estado que conmemora el 25 de noviembre sin transformar las condiciones materiales que permiten la violencia actúa más como administrador de la desigualdad que como garante de la justicia.
Es vital tener una lectura marxista y dialéctica de la violencia contra la mujer. No para negar la importancia del reconocimiento, sino para recordar que sin redistribución no hay emancipación. La lucha contra la violencia económica exige políticas que transformen la estructura de fondo: reconocimiento del trabajo doméstico, salarios dignos, seguridad laboral, sistemas públicos de cuidado, acceso igualitario a recursos productivos y protección social integral. Exige también un feminismo que denuncie no solo las violencias visibles, sino las violencias materiales que sostienen la vida cotidiana.
El 25 de noviembre no debe ser una fecha para recordar únicamente las consecuencias más terribles de la violencia machista, sino para iluminar las causas estructurales que la hacen posible. Si no abordamos la violencia económica, seguiremos atacando solo la superficie del problema. La verdadera lucha contra la violencia hacia la mujer comienza por disputar la estructura que la sostiene.
