El expresidente Martín Vizcarra fue condenado este miércoles a 14 años de cárcel efectiva por los delitos de cohecho pasivo propio, en el marco de las investigaciones por los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, ambos adjudicados cuando era gobernador regional. El fallo fue emitido por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que consideró comprobado que el exmandatario solicitó pagos ilegales a empresas constructoras a cambio de asegurar adjudicaciones millonarias.
Según la sentencia, Vizcarra pidió un 2% del valor del contrato para favorecer al consorcio que ganó Lomas de Ilo y exigió una coima de S/ 1.3 millones para la firma del contrato del Hospital de Moquegua. Los magistrados establecieron dos penas: 6 años de prisión por el caso Lomas de Iloy 8 años de prisión por el Hospital de Moquegua.
Ambas suman los 14 años impuestos como pena total. También se fijó una reparación civil de S/ 2 millones 336 mil y una multa de S/ 94 mil 900. La ejecución de la pena es inmediata. Además, Vizcarra fue inhabilitado por 9 años para ocupar cualquier cargo público, un golpe directo a sus aspiraciones políticas en el corto y mediano plazo.
La reacción de Vizcarra: “No es justicia, es venganza”
Tras conocer la sentencia, Vizcarra publicó un pronunciamiento en el que calificó el fallo como una “venganza política”, y aseguró que se trata de un nuevo episodio del enfrentamiento que mantiene con lo que llama el “pacto mafioso”. Añadió que la “respuesta está en las urnas”, aunque la inhabilitación lo deja, de momento, fuera de cualquier elección.
Su hermano Mario Vizcarra, precandidato a la presidencia de su partido, sostuvo que el proyecto político no se detendrá pese a la condena y aseguró: “Aquí estoy para reemplazarlo”, dejando entrever una sucesión interna para mantener viva la organización.
Durante el juicio, la defensa del exmandatario intentó desvirtuar los testimonios y señalar inconsistencias en fechas, llamadas y coincidencias de reuniones. Alegaron que no existían pruebas directas —como audios o videos— que involucraran al expresidente con la entrega de pagos. El colegiado, sin embargo, consideró que el conjunto de evidencias testimoniales, documentales y periciales era suficiente para establecer la responsabilidad penal.
